Ley Anti-delincuencia: ¿A quiénes buscan criminalizar?

No es de sorprender que en el marco de crecientes cuestionamientos al régimen, represión y persecución al Pueblo Mapuche en La Araucanía, el Gobierno se prepare endureciendo las medidas represivas. Comienza a estar en discusión, se reponen viejas medidas que solo fueron utilizadas en Dictadura ¿Cuales serán las consecuencias?

La Ley Anti-delincuencia aprobada a fines del 2015 contaba con una serie de medidas que fortalecen los organismos represivos del Estado:

- Control de Identidad Preventivo. Permitirá a los policías privar de libertar a una persona, tras la realización de controles a criterio de los funcionarios policiales y en caso de no contar con cédula de identidad, la retención será por 4 horas de los mayores de 18 años y 1 hora de los menores de edad.
- Además, la ley le da la posibilidad a los fiscales para que utilicen agentes encubiertos junto a reveladores en los juicios.
- Endurece la persecución a los delitos “contra la propiedad”, impidiendo la posibilidad a apelar para disminuir los años de cárcel.
- Modifica el Código de Justicia Penal, con el argumento de cuidar la integridad física de la policía, la penalidad que recibirán los autores de lesiones leves a carabineros, investigaciones y gendarmería, arriesgarán entre 61 y 540 días de cárcel, sin ser necesarias pruebas físicas.
- Intercepción telefónica, entregas vigiladas y controladas (con autorización judicial respectiva).
- Prisión Preventiva. Atenta contra todo principio de “inocencia” atribuyendo al juez la posibilidad de decretar la prisión de una persona basado exclusivamente en la gravedad de una determinada imputación.

Los trabajadores y la juventud precarizada tenemos que estar alertas. Esta ley demuestra una vez más al servicio de quiénes están las fuerzas represivas; mientras el Parlamento de corruptos se mantiene impune, buscan ampliar las facultades para reprimir.

A propósito de la aprobación en el Senado de “Ley Antidelincuencia”., artículo que dotara a la policía de facultades extraordinarias.

El largo prontuario de Carabineros de Chile

Esta institución que hoy será fortalecida en sus facultades operativas con las leyes anti-delincuencia de Bachelet, tiene un largo prontuario de abusos y represión. En Dictadura se encargaron de perseguir y detener. No podemos dejar de recordar al general de Carabineros que hasta hace algunos años seguía defendiendo el asesinato de Manuel Guerreo, Santiago Nattino y Manuel Parada.

El año 2012, Carabineros de Chile fue sancionado por organismos de Derechos Humanos por la represión en marchas y manifestaciones, acusada de golpizas y hasta abusos sexuales. Este patrón sistemático de violencia policial se puede también constatar por la gran cantidad de detenidos que no “pasan” a control de detención o que no son siquiera evaluados por un fiscal.

Otro de los patrones recurrentes de los que fuimos testigos durante 2011, fue la gran cantidad de situaciones abusivas documentadas con ocasión de los desalojos de establecimientos educacionales que se encontraban en toma. El desalojo de una sede de la Universidad Central, ocurrido el 21 de junio de 2011, y que fue registrado por los videos de vigilancia de la mencionada universidad, implicó varias situaciones de violencia policial. Se repitieron denuncias similares en el desalojo del INACAP (24 de agosto) y de los liceos José V. Lastarria y Carmela Carvajal (21 de septiembre), en la Región Metropolitana, y del Liceo Eduardo de la Barra (19 de octubre), en la Región de Valparaíso, donde un estudiante fue arrojado desde un segundo piso. En esa fecha a una estudiante de Historia de la Universidad de Playa Ancha se le aplicó corriente en las muñecas adentro del retén de carabineros, entre otros muchos casos que llegan hasta el borde de denuncias de tortura.

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La represión al Pueblo Mapuche también es una constante en este prontuario. El control de los caminos utilizado por Carabineros está bajo el uso de fusiles M4 calibre 5.56 y subametralladoras calibre 9mm (UZI y MP5), los cuales dejan a entrever la aplicación de un Estado de Excepción sin el decreto oficial por parte del Gobierno. El Instituto Nacional de Derechos Humanos visitó a la comunidad María Colipi de la comuna de Tirúa, donde Hernán Paredes Puen fue baleado por la espalda por carabineros. Posteriormente de ser baleado, el comunero mapuche fue detenido, formalizado y puesto en prisión preventiva en la cárcel de El Manzano de Concepción. Un infiltrado en las comunidades mapuche reconoce sus labores de espionaje y provocación.

Escándalos, abusos, extrañas muertes, apaleo, brutalidad, son noticias casi cotidianas en el interior del Cuerpo de carabineros de Chile. Las medidas “Anti delincuencia” les darán hoy chipe libre. No se trata de “excesos”, esta institución tiene como objetivo cuidar la propiedad de los empresarios. No es casualidad que el movimiento estudiantil, los trabajadores y el pueblo mapuche sean las principales victimas de estos “excesos”.

Criminalización y represión a la juventud precaria, obrera y popular

Pero este no es solamente un ataque al movimiento de trabajadores, estudiantil, Mapuche, entre otros. Es particularmente un ataque a la juventud precaria. Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales demostró que, al menos hasta 2004, la violencia policial fue en creciente aumento. Entre 1990 y 2004 se produjo una escalada de denuncias por violencia policial que presentaban ciertos indicadores muy particulares en relación a la condición económica de los denunciantes. Durante esos años se presentaron, solo en la región central Metropolitana, más de 6.400 denuncias por el delito de violencia innecesaria ante los juzgados , la mayoría de estos casos fueron denunciados en las poblaciones mas numerosas de Santiago. Se habla en los estudios de una “cifra negra”, ya que muchos casos dicen tener desconfianza en el resultado de una denuncia a Carabineros. Así, uno de los patrones más comunes de violencia policial lo constituyen las numerosas situaciones de detención ilegal.

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La Nueva Mayoría, junto a los partidos de la Derecha, buscan asentar un golpe a la juventud precarizada, obrera y popular, que no tiene acceso a la educación, a la salud y a una vivienda digna, donde los trabajos son precarios y mal remunerados. Una juventud golpeada y estigmatizada por los medios de comunicación, la que es acribillada en las poblaciones o que es perseguida por el hecho ser inmigrante.

Mientras defienden la impunidad a los torturadores de la Dictadura, mantiene, impune a los parlamentarios PENTA-SQM, buscan criminalizarnos.

Día a día lo vemos, la ley y la justicia tienen carácter de clase, medidas como estas nos muestran la necesidad de terminar con esta justicia para ricos. Hay que prender la alerta. La juventud precarizada, los estudiantes y trabajadores, debemos enfrentar todas las leyes represivas del Gobierno.

 

Texto: laizquierdadiario.cl

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