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El siete de septiembre de 1986, en la cuesta Las Achupallas, el dictador Augusto Pinochet sufrió una emboscada mientras regresaba de su casa en El Melocotón. Dicho atentado tuvo por autores a miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Los involucrados tenían como objetivo asesinar al Dictador, sin embargo, por diversas razones acaecidas durante los pocos minutos que duró el enfrentamiento, no pudieron conseguirlo y el atentado detonó una serie de represalias por parte de la policía.
Los días siguientes, específicamente la madrugada del ocho y el nueve de ese mes, se llevó a cabo un plan de venganza en el que actuaron, al menos, 14 agentes de la CNI. En pocas horas el autodenominado “Comando 11 de septiembre” secuestró y dio muerte a cuatro personas: Gastón Vidaurrázaga, Felipe Rivera, Abraham Muskatblit y José Carrasco Tapia.
La madrugada del 8 de septiembre de 1986, un grupo de hombres con gorros pasamontañas rodean la casa de Felipe RIVERA GAJARDO, electricista, militante del PC, en Pudahuel, lo sacan y lo suben a un taxi que partió con rumbo desconocido. Cerca de las 04:00 horas, media docena de hombres fuertemente armados irrumpen en la casa de Gastón VIDAURRAZAGA MANRIQUEZ, profesor, militante del MIR, en San Bernardo los que se cruzan con Carabineros y lo sacan a empujones con destino desconocido.
A las 05:00 de la madrugada llegaron hasta el domicilio del periodista José Humberto CARRASCO TAPIA, periodista, dirigente gremial, militante del MIR, en el Barrio Bellavista tres civiles armados quienes se lo llevan a la fuerza.
CEFIRO EN INSTAGRAMHoras después fueron encontrados los cadáveres de los tres secuestrados, acribillados a balazos.
José Carrasco Tapia fue asesinado por 14 impactos de bala, 12 en el cráneo, uno en la cara, otro en su pie izquierdo. En todos hubo salida del proyectil. Lo fusilaron.
"Víctor Jara, nunca podrán borrar tu legado"
Al día siguiente, esto es el 9 de septiembre a las 03:00 de la madrugada, llegaron a la parcela de Abraham MUSKATBLIT EIDELSTEIN, publicista, militante del Partido Comunista, del sector Casas Viejas, 12 individuos armados, los que lo secuestraron. Su cuerpo apareció acribillado horas después en un canal de regadío contiguo al camino que conduce a Lonquén.
La prensa de la época informaba a la opinión pública que no se descartaba la posibilidad que estos crímenes obedecieran a una purga entre comunistas.
En Mayo de 2006 después de 20 años, el Juez Hugo Dolmestch dicta acusación contra el agente del Ejército Alvaro Corbalán, como autor de los cuatro secuestros y homicidios. Por la muerte de Rivera dicta cargos contra el oficial (R) del Ejército Pedro Guzmán Olivares, el detective (R) Gonzalo Maas, además de Víctor Lara Cataldo y René Valdovinos Morales. En el caso Vidaurrázaga, imputa al comandante (R) del Ejército Krantz Bauer, Víctor Muñoz Orellana, Jorge Jofré Rojas, Eduardo Chávez Baeza y Juan Jorquera Abarzúa. En el caso de Carrasco, acusa al coronel (R) Iván Belarmino Quiroz, el mayor (R) Jorge Vargas Bories y Carlos Fachinetti. En el caso Muskatblit, a Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y José Meneses Arcauz.
En Diciembre de 2006, El ministro Haroldo Brito, quien reemplaza a Dolmestch (promovido a la Corte Suprema), condena a 18 años de cárcel a Alvaro Corbalán; a 13 años Jorge Vargas Bories y el ex mayor Iván Quiroz, por los homicidios de Carrasco y Muskatblit. Por el homicidio de Vidaurrázaga condena a ocho años a los agentes Krantz Bauer, Jorge Jofré y Juan Jorquera. Brito, además, condena al Fisco a pagar indemnizaciones.
En Agosto 2009, La Corte Suprema rebaja las penas y resuelve que podrán cumplir en libertad vigilada. A Alvaro Corbalán la rebaja a 12 años de cárcel. A Vargas Bories e Iván Quiroz Ruiz, se baja de 13 a siete años. Los que reciben la mayor prerrogativa son los agentes Pedro Guzmán, Gonzalo Maas, Kranz Bauer, Jorge Jofré, Juan Jorquera, Víctor Lara, René Valdovinos, Víctor Muñoz, Eduardo Chávez, Carlos Alberto Fachinetti y José Ramón Meneses Arcauz, a quienes baja la pena de cinco años a libertad vigilada.
Así nuevamente la Corte Suprema compromete la responsabilidad internacional del Estado de Chile, que incumple sus obligaciones internacionales, en especial respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad.
