Chile: Una Democracia Secuestrada

Todo comenzó un acalorado viernes de octubre, en la dimensión de una democracia secuestrada, la magnitud de la ruptura provocada por la autodenominada clase política durante largos 48 años, por fin había dejado el espeso nimbo de insatisfacción y desesperanza; como consecuencia trajo un intenso malestar en el pueblo, confluyendo en una crisis políticaciudadana. Tras la anunciada alza de $30 del pasaje del Metro y la avidez del Estado –ya a estas alturas, terrorista– de restablecer y conservar el orden público había dado un paso gravitacionalmente opuesto al Estado de Derecho al ser el principal precursor de las vulneraciones de los DDHH.

La institucionalidad quebrada junto a los fantasmas oxidados del pasado se apoderaba de todo. Cimentado con lacrimógenas, represión, mutilación, detenciones ilegales, abusos sexuales y violaciones sistemáticas a los DDHH. El vacío de poder y la falta de legitimidad de un gobierno que no tiene lo necesario para poder salir de esta crisis, han sumergido en un profundo espiral de incertidumbre a la propia ciudadanía.

Han transcurrido 100 días desde que los hechos públicos y notorios han dado lugar diferentes miradas, análisis, críticas y hasta interpretaciones totalmente retorcidas en términos sociológicos, jurídicos y psicológicos. La tardanza en asimilar lo ocurrido por parte del Presidente de la República ha sido indudable, la corrupción y el descarado saqueo a los recursos del país han sido la tónica desde la instauración de la democracia. A la fecha, el “Negro Matapacos” tiene más representatividad que todo El Congreso Nacional en Pleno, los Ministros de Estado y el Presidente juntos.

Estamos en una sociedad llena de bemoles donde es imposible no tener valor para ser cobarde y tener ganas de añadirse a quienes se suponen que “saben más”. Sí, me refiero a quienes llevan más de 40 años legislando haciendo gala de su supuesta calificación.

El despojo de la cátedra de la Educación Cívica e Historia ha causado el efecto deseado por los gobernantes de izquierda y de derecha, quienes han sido serviles a un sistema que implementado con sangre, tortura y muerte, les ha sido de total provecho y les ha permitido mantener sus estándares de beneficencia.

La clase política hace gárgaras con la democracia y a modo de ejemplo, todos nos preguntamos: ¿Cómo es posible que haya sido rechazado el voto obligatorio con 89 votos a favor y 44 en contra?.

La respuesta es que no hay legitimidad en los quórums, por lo tanto no podemos hablar de condiciones mínimas para enfrentar un proceso constituyente si en estos 3 meses, lo único que ha quedado en la claridad y la más absoluta evidencia es que necesitamos una nueva Constitución, donde el poder constituyente originario sea el pueblo y no nacida de un gobierno de facto, como lo es la actual.

Aun así, ceden a la ostentación de oponer como una especie de excepción dilatoria, el plebiscito de nueva Constitución en un clima no propicio que no ofrece garantías mínimas. ¿Cómo es posible el normal funcionamiento de las Cámaras en el Congreso cuando en las calles se han violado los DDHH? ¿Cómo es posible que NO exista juicio y castigo para los culpables? ¿Cómo es posible que no se haya puesto el freno de mano a los abusos del Estado?

La réplica nace desde la completa oscuridad de un sistema ya colapsado en todas sus formas y fases: los políticos siguen pensando en la forma de no tocar el régimen que sólo los favorece a ellos en desmedro y dominación de los propios votantes, sino que también siguen aplicando la doctrina del shock como una herramienta eficaz para detener el curso de las manifestaciones y las demandas sociales.

En medio de una crisis social, hídrica y política, vemos como el gobierno avanza peligrosamente hacia el autoritarismo confirmando sus ideas belicosas que calzan botas y visten fusiles, nos encontramos subyugados a un gobierno que tiene un 94% de desaprobación y los que se dicen ser oposición dejan que entren en vigor leyes que caminan por el sendero de las ruinosas represiones embestidas de legalidad, como la ley anti capucha, anti baile pasa, anti barricadas, reformas al Código Penal para tipificar como delito el a alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, Proyecto de ley que aumenta la protección a miembros de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile.

Fundamentalmente, leyes que atentan y limitan los derechos fundamentales, otorgándole más protección a los agentes del Estado –que ya sabemos que carecen de criterio- y como si esto no fuera suficiente, ahora tendremos una ley que permite el resguardo de la infraestructura crítica con las FFAA en las calles y donde no existe claridad del límite, que es y no es infraestructura crítica. En esta última quisiera detenerme a fin de establecer ciertos conceptos que considero importantes a destacar:

El Boletín Nº 13.086-07, propone la modificación de los Art. 32 y 42 de la Constitución Política de la República con respecto a:

La Infraestructura Crítica que se busca proteger con el Estado de Alerta definido en este proyecto de ley dicen directa relación con los sistemas previamente señalados o partes de estos, tales como subestaciones eléctricas, embalses, líneas férreas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, líneas y estaciones de metro, hospitales, torre eléctricas, entre otros de importancia para la ciudadanía y que puedan ser decretados por el Presidente, dejando fuera del alcance de ella a aquellos lugares que ya se encuentran resguardados por otras instituciones a fin de evitar una superposición de funciones, tales como por ejemplo cárceles o tribunales de justicia, los que se encuentran resguardados por gendarmería, a fin de evitar la superposición de funciones entre diversos organismos.

Idea Matriz

Permitir el empleo de fuerzas militares para realizar despliegue preventivo en protección de Infraestructura Crítica Nacional, ante la evidencia de un ataque probable sobre ella determinado por el Sistema de Inteligencia Nacional, sin restringir las libertades consagradas en la constitución a la sociedad.

PROYECTO REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo único. Agrégase el artículo 42 bis de la Constitución Política de la República, con los siguientes cinco incisos

Artículo 42 bis.- El estado de Alerta, en caso el Sistema de Inteligencia del Estado emita una alerta de ataque probable a la Infraestructura Crítica, el Presidente de la República estará facultado, para declarar un estado de alerta destinado al resguardo de la infraestructura crítica y deberá establecer específicamente qué infraestructura debe ser custodiada o resguardada.

El estado de alerta no podrá extenderse por más de quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el Presidente requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.

Declarado el estado de alerta, el resguardo de la infraestructura crítica quedará bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.

El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de alerta.

Se entenderá por infraestructura crítica a las instalaciones, sistema o parte de éste, que es esencial para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, y cuya perturbación o destrucción, afectaría gravemente la salud, la integridad física, la seguridad y el bienestar social y económico de la población”(1) .

Cuando hablamos de la salud e integridad física, la seguridad, bienestar social y económico de la población no me quedan claros los límites, dado que todas las expresiones y señalamientos han sido descritos de manera genérica, dicho de otra forma: ¿Qué considera el Estado que afecta gravemente al bienestar económico de la población?, ¿Eso considera a los Malls y las casitas del barrio alto? La idea de legislar sobre esto es un maquillaje para utilizar las FFAA para amedrentar a la población sin distinción de causa o entendimiento de circunstancias. Lo que produce una sensación de hastío, donde al menos para mí, mi esperanza se acaba de lanzar del piso 27 de mi oficina.

Tanto el Estado, como sus 3 poderes, siempre deben promover y amparar el bien común, el pleno desarrollo emocional psíquico, social, económico y cultural de cada uno de los individuos que conforma esta faja de tierra a punto de caerse del mapa. La protección de los DDHH sin distinción ni limitación en su ejercicio, debe ser el valor en los cuales descansa la institucionalidad, deben ser las losas donde germinará una sociedad mejor ante el anhelo máximo de todas personas que no es otro que, alcanzar la paz, la justicia social, la equidad e igualdad en miras del progreso de nuestro país.

No obstante a ello, el Estado y sus representantes se han vuelto una caterva de perversos carniceros de sus congéneres, persiguiendo a los pueblos originarios, reprimiendo brutalmente a los manifestantes, vulnerando a los niños pobres, violando todos nuestros derechos, corrompiéndose de manera pusilánime y vergonzosa a un sistema Neoliberal que sólo es un autómata de generación de pobreza disimulada de capacidad crediticia, segregación, desigualdad, ignorancia y un prejuicio que está a pisando la línea que lo separa de la discriminación.

La necesidad de una nueva Constitución no es una simple consigna gritada en las calles en la voz de un “violentista”, un lumpen o un grafiti, es una realidad, si creemos en el romanticismo de que nuestras vidas no cambiarán por una nueva carta magna seguiremos equivocados y las cifras de mutilados y abusados por el Estado sólo serán la cara visible de un recuerdo del que nadie querrá hablar ni menos mirar a los ojos.

Cada reforma que pretenda mejorar o modificar un sistema o institución a favor de la ciudadanía es declarada inconstitucional bajo la luz de la actual CPR. Adicionalmente, es necesario con este cambio, la eliminación del Tribunal Constitucional, que su funcionamiento como un poder supraconstitucional, sólo ha demostrado con creces que no fortalece la democracia, no garantiza el libre ejercicio de nuestros derechos fundamentales, ni mucho menos permite el crecimiento de los individuos que no pertenecen a la privilegiada clase política o acomodada; además de ser una eficaz herramienta jurídica utilizada por todos los bandos políticos y económicos en socorro de sus intereses personales.

Con todo, si el gobierno no nos deja soñar, nosotros no lo dejaremos dormir. No hay espacio para claudicar, no hemos conseguido nada.

Por Mary Osorio Sáez

(1) Fuente: Senado