COLUMNA

Servicios públicos corruptos: LA CONTRALORÍA TIENE LA PALABRA

Hace 2 años se le solicitó a la Contraloría General de la República, un pronunciamiento sobre la matención y desarrollo de la Industria Salmonera en el sur de Chile, que debiera estar regulada y fiscalizada por los servicios públicos (SERNAPESCA y SUBPESCA), pero que en la práctica según el mismo órgano contralor, ninguno de estos servicios cumplió las funciones por las que sus funcionarios cobraron el sueldo. Los sumarios encargados por la CGR a estos servicios públicos corruptos aún no culminan, sus resultados son inciertos y posiblemente todos los corruptos sean absueltos por sus propios pares y colegas, puesto que la Contraloría no tiene facultades para destituir a nadie. Mientras tanto, el mar austral ha sido liquidado en otros 70 puntos entre P Montt y el Estrecho de Magallanes, por la contaminante e invasiva Industria del Salmón.

Esta situación contrasta diametralmente con la “toma de razón” de la CGR (que demoró solo semanas) para darle curso a las leyes represivas que propuso la Dictadura Empresarial a un Parlamento Corrupto, (quizás el más corrupto e ignorante de la Historia nacional) que las aprobó en cosa de horas, para darle a las Fuerzas Armadas licencia para matar al “enemigo interno” (casi todos nosotros)

Simplemente las verdades se van haciendo una sola y es valiente quién las dice, más valiente en estas horas…” “Simplemente”- Santiago del Nuevo Extremo

En el año 2016, el actual Contralor General de la República, Don Jorge Bermúdez, fue entrevistado en CNN-Chile por Daniel Matamala, para abordar temas relativos a la corrupción y al combate que se hacía contra ella desde la Contraloría General (CGR).

En la entrevista, el Contralor señaló que la “falta de servicio”, es decir, cuando un funcionario público cobra el sueldo por un trabajo que no hace, debe ser considerado “corrupción”.

Precisamente ese año 2016, la CGR evacuó dos Informes Finales de Auditorías realizadas al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) donde se evaluó el comportamiento y la calidad de las funciones que cumplían estos servicios en materias de salmonicultura (1)

Sobre ellos y sus roles de fiscalización (SERNAPESCA) y regulación (SUBPESCA) de la salmonicultura en Chile, las conclusiones de la CGR fueron terminantes: entre los años 2010 y 2015, NINGUNO DE ESTOS SERVICIOS CUMPLIÓ LAS FUNCIONES POR LAS QUE SUS FUNCIONARIOS COBRARON EL SUELDO. Es decir, durante SEIS AÑOS, tanto SERNAPESCA como SUBPESCA actuaron como servicios públicos CORRUPTOS…

Los sumarios encargados por la CGR a estos servicios públicos corruptos aún no culminan, sus resultados son inciertos y posiblemente todos los corruptos sean absueltos por sus propios pares y colegas, puesto que la Contraloría no tiene facultades para destituir a nadie. Sólo verifica y certifica el comportamiento corrupto y a lo más, ordena la restitución de fondos públicos, como los que se roban los concejales que viajan a Suiza para ver qué clase de turismo se hace allá para replicarlos en el sur de Chile… aunque Suiza no tenga mar…

La sentencia del Contralor Bermúdez en CNN cuatro años atrás, sin embargo, puede convertirse en un boomerang si antes del 8 de abril de este año, no emite un pronunciamiento clave para la mantención y el desarrollo precisamente de la salmonicultura que regulan y fiscalizan los servicios públicos corruptos ya señalados.

En efecto, la CGR demoró sólo semanas en “tomar razón” y darle curso a las leyes represivas que propuso la Dictadura Empresarial a un Parlamento Corrupto (quizás el más corrupto e ignorante de la Historia nacional) que las aprobó en cosa de horas, para darle a las Fuerzas Armadas licencia para matar al “enemigo interno” (casi todos nosotros) que pudiese amenazar la estabilidad, seguridad o los bienes del segmento ABC1 de la población chilena o lo que ellos califican como sectores estratégicos de la economía, es decir, los mall, los casinos y los bancos.

A usted, ahora, lo pueden matar de un tiro en la calle y en la investigación y juicio posteriores, será su palabra (la palabra de un cadáver) contra la palabra de aquél que lo convirtió en cadáver al defender a la Patria, es decir, los malls, los casinos y los bancos… Adivine cuál será el resultado de la investigación y juicio, ambos pos-mortem.

Y así, apenas semanas demoraron en tramitarse, aprobarse y publicarse en el Diario Oficial las leyes que le entregan, por segunda vez, el poder político a las Fuerzas Armadas y de Orden, mismas que nadie elige ni “plebiscita” y que se encuentran desfilando en Tribunales por múltiples casos de desfalcos. Tal como estuvo desfilando y arrancando el Presidente que ahora les devuelve el poder….

Por contraste, 20 MESES (2) lleva esperando el Comité de Defensa del Borde Costero de Puerto Montt, una organización comunitaria funcional de la capital de la Región de Los Lagos, para que esta misma Contraloría se pronuncie acerca de la obligación que tiene o no la SUBPESCA (servicio público corrupto, según la Auditoría de 2016) de realizar los estudios técnicos que señala la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) en su Artículo 87º, para que los establecimientos de acuicultura operen DENTRO DE LAS CAPACIDADES DE CARGA DEL MEDIO ACUÁTICO INTERVENIDO y no se generen, en los sitios de emplazamiento de estos “establecimientos” (es decir, salmoneras, miticultivos y otros) CONDICIONES ANAERÓBICAS (ANÓXICAS) QUE IMPIDEN… LA VIDA ACUÁTICA…

En efecto, la organización ciudadana, que entiende que entre estos estudios técnicos que la LGPA le ordena a la SUBPESCA se encuentran aquellos que determinan cuántos salmones como máximo se pueden producir en un sitio de mar dado, ingresó esta solicitud de pronunciamiento en julio de 2018, bajo el rol 188.682 y actuando inicialmente en conjunto con el Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF) de la que el Comité se separó cuando CODEFF-Aysén decidió apoyar, en 2019, una re-zonificación del Uso del Borde Costero en la Región de Aysén que era absolutamente favorable a las salmoneras y que fue “cocinada” por ONGs “defensoras del mar” y el Gobierno, pero que era ilegal al no ser consultada a las comunidades indígenas regionales. Fue precisamente con las comunidades de Melinka, que logramos derribar esta “cocina” de un nuevo menú salmonero.

En la solicitud original ingresada en Contraloría, el Comité de Puerto Montt hacía notar que en agosto de 2017 la SUBPESCA había señalado que no estaba obligada a hacer los estudios de capacidad de carga puesto que la LGPA no se lo señala:

“…Conforme a las disposiciones citadas, la capacidad de los cuerpos de agua para efectos del desarrollo de la acuicultura se mide por la existencia de condiciones aeróbicas en las áreas de impacto de la acuicultura, sin que dicha normativa haya establecido la ejecución de estudios de capacidad de carga…”

(SUBPESCA, Ord. Nº 1605 del 7 de agosto de 2017 a CODEFF)

En efecto, la LGPA tampoco le señala a SUBPESCA que NO DEBE COBRAR SU SUELDO SI NO HACE SU TRABAJO y por eso, tal vez, lo sigue cobrando igual.

Porque las “condiciones aeróbicas” que señala SUBPESCA en su respuesta a CODEFF son las que existen ANTES de que se ejecuten los proyectos y que se consignan en una Caracterización Preliminar del Sitio (CPS) y es precisamente para que se mantengan estas condiciones DURANTE la ejecución de los proyectos acuícolas, es decir, para que se cumplan los objetivos y principios de la propia Ley General de Pesca y Acuicultura (preservar y conservar los recursos pesqueros y el ambiente acuático que los contiene) es la SUBPESCA quien debe elaborar la normativa respectiva. ESA es su función, la que justifica su propia existencia. No es su función dedicarse a jugar a la ruleta rusa con el Mar de la Patagonia, el mar de todos los chilenos.

Y las consecuencias de esta recurrente falta de servicio de SUBPESCA, que se niega a hacer los estudios que determinarían cuántos salmones se pueden producir en un sitio dado sin que se superen las capacidades de carga de los sistemas, es decir, sin que se generen esas condiciones anaeróbicas que previene la LGPA, fueron demostradas por el Comité de Puerto Montt en tres imágenes incluidas en la solicitud de pronunciamiento ingresada en julio de 2018 a la Contraloría de Bermúdez.

En ellas, se mostraba la posición de los centros de engorda de salmónidos que declararon, entre los años 2010 y 2017, la existencia de condiciones “anaeróbicas” en sus sitios de mar e incluso lagos que ocupaban en las tres regiones australes del país.

Estas condiciones anaeróbicas en unos 400 centros de engorda de salmónidos y algunos de mitílidos (choritos) fueron generadas por producciones que aprobó SUBPESCA y que los efectos degradantes que causaron en el medio acuático señalan que estaban por sobre las capacidades de carga de los sitios intervenidos, capacidades de carga que permanecen desconocidas porque precisamente el servicio que aprueba esas producciones, se niega a ejecutar los estudios que las determinarían, permitiendo que se especule con un bien nacional de uso público, autorizando no sólo producciones iniciales que generan condiciones anaeróbicas, sino ampliaciones de producción de hasta un mil por ciento (¡!) por sobre la producción originalmente autorizada, sin un solo estudio que sustente esa aprobación, como lo demostró el Comité ante la CGR en su solicitud.

Evidentemente, una concesión acuícola con una producción autorizada de 200 toneladas/año de salmónidos vale mucho menos en el mercado que una concesión acuícola autorizada para producir 3 mil toneladas/año de salmónidos… y esa especulación financiera, inmobiliaria, que rodea a la salmonicultura en Chile, es protegida por SUBPESCA al negarse a poner límites productivos en cada uno de los sistemas acuáticos que intervienen las salmoneras y que serían el resultado técnico de la realización de los estudios de capacidad de carga.

Han pasado casi dos años desde que el Comité de Puerto Montt y la ahora salmonera organización CODEFF solicitaron ese pronunciamiento a la Contraloría de Bermúdez.

Mientras esperábamos, otros 70 centros de producción de salmónidos, incluso aquellos instalados en Áreas Silvestres Protegidas del Estado, como la Reserva Nacional Las Güaitecas en Aysén y el Parque Nacional de Agostini, en Magallanes, han arrojado condiciones “anaeróbicas”, es decir, han hecho del ambiente acuático un sitio no apto para la mantención de la vida acuática.

No haré un juicio de valor sobre las “prioridades” de la Contraloría respecto a que si cursar licencias para que personal entrenado y armado pueda matar a ciudadanos desarmados, cualquiera sea la circunstancia, sea más importante para el Estado (especialmente, ESTE Estado) que proteger y defender lo que de verdad le entrega Soberanía: su mar y sus recursos pesqueros.

Cada uno hace de su profesión el reflejo de su propia alma y cada cuál decide qué destino le quiere dar a lo que ha aprendido. Cada uno decide si servirá al “bien común” o sólo a los dueños de los mall, de los casinos o de los bancos… Cada uno verá si será absuelto, o no, por la Historia…

Pero en este caso, fue la Contraloría, a través de su principal autoridad, quien dictó las normas de conducta de un funcionario público ese año 2016.

Y apelo a que esas normas las respete quien las expuso, quien nos las enseñó, haciéndonos creer que en su servicio público encontraríamos un sitio donde acudir cada vez que el sustento de nuestras vidas se vea amenazado o, como en este caso, esté siendo destruido a vista y paciencia de quien recibe un sueldo por protegerlo.

El próximo 8 de abril, culminó la moratoria (congelamiento) para que las salmoneras pudieran pedir nuevas concesiones acuícolas en ese Mar Patagónico que les queda por destruir. El pronunciamiento de la Contraloría, que estamos esperando desde hace 20 meses, es fundamental para evitar que las salmoneras y sus esclavos culminen su oprobiosa labor que llevamos 14 años continuos combatiendo allí, en nuestra propia “Primera Línea” y a pesar de todo y contra todos…

Quedamos, entonces, a la espera.

Quedamos QAP, Señor Contralor.

Ahora su Contraloría tiene la palabra.

Por : Héctor Kol


NOTAS:

(1) Informes Finales de Auditoría 210-2016 y 211-2016 de la Contraloría General de la República.

(2) En Julio de 2020, se cumplieron dos años de espera de un pronunciamiento de la Contraloría General que podría evitar la destrucción diaria del Mar Austral Chileno.

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