Las plataformas de META y Google, invisibilizan o bloquean nuestros contenidos. Síguenos en Telegram
En un nuevo golpe a la libertad de las y los chilenos, el 11 de septiembre, día en que se conmemora en todo el país el fatídico golpe cívico-militar de 1973, Piñera anunció una nueva extensión por 90 días del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, que hubiese acabado este 15 de septiembre. Según el gobierno, la decisión pasa por razones meramente sanitarias. Sin embargo, parece evidente que los motivos son políticos, ya que este nuevo período incluye la primera conmemoración del estallido social el 18 de octubre y la realización del plebiscito por una nueva Constitución, el 25 del mismo mes. Con este anuncio, se sumarían 270 días en Estado de Catástrofe bajo el nefasto gobierno de Piñera, quien parece querer salvar lo que resta de su período -que acaba en marzo de 2022- en base al control social por medio de las armas y la militarización del territorio.
Las calles se han transformado en el escenario donde día a día los milicos despliegan su escenografía del poder. Además de cumplir su inútil tarea mediante controles sanitarios, el paseo diario de estos soldaditos de guerra, cumple una función de disciplinamiento visual ante la sociedad. Ya nos parece normal verlos, mostrar el permiso y seguir nuestro camino. Hemos normalizado su presencia y aprendido sus posiciones incluso para evadirlos.
Por un lado, el gobierno se jacta de que varias comunas del país han presentado una evolución positiva y reabren el comercio. Incluso se decretan normas excepcionales para salir en las “Fiestas Patrias”. Sin embargo, dice el gobierno, es necesario mantener el Estado de Excepción porque la pandemia aún no está controlada, y para ello, es necesario mantener militarizadas las ciudades. Como si un virus se pudiera hacer desaparecer con fusiles, así como lo hicieron con miles de personas. Más bien se asemeja a un amedrentamiento implícito o acaso para fiscalizar la tenencia de un permiso ¿es necesaria un arma?
En lo que refiere al sector salud, cabe destacar que previo a la pandemia ya presentaba serios déficit, por lo que no fue sorpresa que los centros hospitalarios colapsaran del modo en que lo vimos por las noticias. El gasto del Estado chileno en salud es menor que el resto de los países de la OCDE, donde además una parte es cubierta por el sector privado y por el bolsillo de la gente. Al iniciar la pandemia, Chile tenía menos de dos camas básicas por 2 mil habitantes (1), reflejando la precaria situación de los hospitales y del sector público de salud en general.
CEFIRO EN INSTAGRAMYa durante la pandemia, la Contraloría General de la República informó que el gobierno gastó (entre enero y abril) más de $200 mil millones de pesos para enfrentar el coronavirus en base a reasignaciones presupuestarias. Del total, la mayor parte se destinó al Bono Covid y el resto se dividió entre el Sector Público, la Subsecretaría del Interior, apoyo al empleo, gastos municipales y otros (2). Incluso la comuna de Arica vio “reasignado” su presupuesto Municipal 2021 “a causa del estallido social y la pandemia” según palabras de Piñera en su visita a Arica el mes pasado.
En cuanto al sector Defensa, el panorama cambia. En pleno estallido social y en medio de la oleada de denuncias por uso desmedido de fuerza en las manifestaciones, el 26 de octubre del 2019, mediante el Decreto 266 se autorizó el otorgamiento de una gratificación especial a los integrantes de las ex Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile (3), rebautizados como Unidades de Control de Orden Público (COP). Hace un par de días (03 de septiembre), el Diario Oficial vuelve a anunciar gratificaciones para Carabineros de hasta 30% de su sueldo. Mientras que se reprime a los funcionarios de salud que se manifiestan exigiendo sus derechos, debido a la sobrecarga laboral que ha significado la pandemia. A esto podemos sumar que los uniformados cuentan con seguridad social desde la dictadura (4), a diferencia de miles de chilenas y chilenos que ven disminuir su dinero en la AFP.
"Víctor Jara, nunca podrán borrar tu legado"
Entre fines de diciembre del 2019 y fines de marzo de este año, Carabineros realizó la compra de vehículos blindados lanza gases, vehículos antidisturbios, camiones blindados y retenes móviles, para reforzar su capacidad tecnológica y operativa, por un monto que superó los $10.700 millones de pesos. A esto se le denominó “Plan Ubilla”, ya que fue gestionado por el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla (RN), antes de dejar su cargo en 2019 (5).Los milicos también obtuvieron refuerzos en sus juguetes de guerra. En julio se anunció que Estados Unidos aprobó la compra de equipamiento (armamento, equipos de comunicación y repuestos de aviones F-16) por un monto de $634.7 millones de dólares (6).
En el último año, además se han impulsado con fuerza una serie de leyes que buscan criminalizar y perseguir al movimiento organizado, bajo fundamentos de control del orden social. Entre ellas, la Ley Nº19.974 que busca fortalecer las atribuciones de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), las leyes Antisaqueos, Antibarricadas, Anti capuchas y Anti stickers (sí, se prohíbe pegar stickers); además del proyecto de ley de infraestructura crítica, que aún se encuentra en tramitación. Iniciativa que ha sido avalada por una fracción del gremio de camioneros liderara por Sergio Pérez (hermano de la actual ministra del deporte Cecilia Pérez) que hace unos días se fueron a paro siendo escoltados por carabineros, sin cumplir medidas sanitarias y festejando con mujeres y alcohol en la carretera, on el fin de presionar por sus demandas que “misteriosamente” son compatibles a las medidas de control que presenta el proyecto infraestructura crítica y que poco tenían que ver con peticiones de dicho gremio.
En esta breve recapitulación, es bastante evidente la prioridad de este gobierno asesino. En sus discursos, Piñera sigue recalcando “los actos de violencia” vividos en octubre del año pasado, pero la violencia policial no ha cesado y eso queda claro al ver cómo le fracturan la mandíbula a un niño de 14 años al dispararle una lacrimógena en la cara, en una manifestación en Villa Francia el 11 de septiembre. Así como el acoso constante que siguen viviendo los niños y niñas mapuches junto a sus familias en el Wallmapu.
No olvidamos la violencia de la dictadura, ni de la democracia, donde pacos y milicos han sido los fieles matones de su pueblo. Los uniformados no están a cargo de la crisis sanitaria, están a cargo de contener la crisis social porque saben que la gente ha seguido acumulando rabia. Las medidas económicas durante la pandemia han dejado a miles de personas sin ingresos permanentes, agudizando una crisis económica que le va explotar en la cara a este gobierno criminal.
No se justifica la extensión del Estado de Excepción como medida sanitaria. Basta de milicos en las calles. Piñera tiene miedo.
Por Colectivo Wila Pacha
Notas:
