Chile

Chile: caminando a la impunidad

“Carabineros jamás ha tenido intención de dañar a las personas»
(Tte. Coronel Karina Soza Muñoz, noviembre 2019)

La Dictadura Militar chilena fue objeto de estudios, investigaciones y observaciones por parte de diversas instituciones y sectores sociales a nivel nacional e internacional. La razón principal es conocida por el mundo entero: la masiva y sistemática violación a los Derechos Humanos. En ese período fue tal la crueldad que bien puede afirmarse que en la historia de Chile no tiene nombre. La gran mayoría coincide que fue un desastre en lo económico, social y político y que, generó un enorme daño y trauma intergeneracional el cual perdura hasta hoy. La Verdad a medias y una Justicia en la medida de posible al transformarse en sentencias máximas cruzaron los últimos 30 años de historia, estableciendo deudas irresueltas que han ocasionado enormes daños sociales, morales y éticos en el ethos chileno.

A partir del 18 de octubre irrumpió el llamado estallido social. Una amplia y masiva movilización de descontento por las injusticias sociales provocadas por el orden económico heredado de la dictadura y los daños por la ausencia de verdad y justicia plenas. El estallido social vino también a cuestionar al conjunto de gobiernos civiles y sus alianzas políticas que sucedieron a la dictadura militar que en lo esencial administraron el modelo en estos últimos 30 años. Las manifestaciones se desarrollaron de norte a sur del país. El presidente dispuso el “Estado de Emergencia” para algunas comunas de Santiago y con el correr de las horas se hizo extensivo a todo el territorio nacional. En su audacia y/o provocación el Ejecutivo cruzó todos los límites declarando en televisión abierta, “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable que no respeta a nada y nadie”.

Desde ese día de octubre, las violaciones a los Derechos Humanos fueron efectuadas de manera masiva y sistemática con el propósito de controlar el orden público. Y los autores: tropas de las Fuerzas Armadas como efectivos de Carabineros de Chile y personal de la Policía de Investigaciones.

La violencia desmedida e inusitada del Estado contra los manifestantes se fue instalando sin contrapeso y además, respaldada por las diferentes autoridades administrativas y políticas del país. El gobierno y otras autoridades “niegan” las graves y reiteradas violaciones a los DDHH, o las “minimizan” como simples excesos individuales. Incluso, los ministros del Interior y el de Justicia y Derechos Humanos “calificaron” a los informes realizados por instituciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, CIDH, Alta Comisionada de la ONU e INDH de insuficiente rigor metodológico, con errores y/o juicios de valor.

Las denuncias y acciones legales emprendidas en favor de las víctimas son numerosas. Según datos de la Fiscalía de Chile al mes de agosto “los casos denunciados por violencia institucional son 8.575, siendo 8.827 las víctimas de estos hechos. De ellas, 413 víctimas denunciaron lesiones oculares, mientras que 627 por otras lesiones de carácter grave, como fracturas y traumatismos encéfalo craneanos. Asimismo, 3.342 denuncias son por lesiones provocadas por armas de fuego”. En contraposición, “62 personas han sido formalizadas por la Fiscalía por diversos delitos cometidos por agentes del Estado en el marco del Estallido Social iniciado en octubre de 2019. Hasta la fecha, también han sido acusadas tres personas ante los tribunales, además de una condena que ya pesa sobre un imputado por el delito de homicidio frustrado”.

Es importante considerar que en octubre del año 2019, diferentes tribunales del país rechazaron 21 recursos de amparo, todos excusados por “falta de oportunidad”.

El reciente 28 de septiembre, la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó 14 recursos de protección, en los cuales se cuestionaba el uso de la escopeta de balines de Carabineros en manifestaciones. El problema de la resolución, además de no acoger los recursos es que se dicta con casi un año de retraso, con lo cual no garantiza el derecho a la Vida y a la Integridad física.

Dos días después se rechazó el proyecto de resolución N° 879, en el cual se solicitaba al presidente de la República exigir la renuncia del General Director de Carabineros, Mario Rozas Córdoba, o hacer uso de la atribución contenida en el artículo 104 de la Constitución Política, llamándolo a retiro. Iniciativa que había sido ingresada en marzo del año en curso, y que obtuvo en la votación final, 58 votos afirmativos, 58 en contra y 4 abstenciones, entre ellos, tres demócratas cristianos y un ex ppd en la Cámara de Diputados.

En una nueva manifestación, en días recientes y que impacta a la comunidad nacional, un joven de 16 años resulta herido por incidencia clara de un funcionario del Estado en una acción inaceptable. Este hecho se suma a la larga lista de situaciones en que Carabineros está involucrado. No es ni será el primer caso en que la institución intente negar su participación y/o manipule los hechos o busque encubrirlos. Ha sucedido con Manuel Gutiérrez, Rodrigo Avilés, Matías Catrileo, Camilo Catrillanca, Gustavo Gatica, Fabiola Campillai y otros tantos.

Para todos es evidente que el accionar policial para controlar el orden público deriva en una represión que deja a Carabineros en una situación insostenible. Más allá de que existe mando civil, pues dependen de las más altas autoridades del poder ejecutivo, es evidente que los propios protocolos no se cumplen, pese a existir la circular 1832 de marzo 2019 firmada por el actual Director General de Carabineros, Mario Rozas que indica que en el uso de la fuerza existen dos principios claves: Proporcionalidad y Responsabilidad.

La crítica del fiscal nacional Jorge Abbott Charme, a través de una entrevista concedida a El Mercurio es clara, pese a señalar que muchas denuncias terminarán sobreseídas porque, según él, hubo uso legítimo de la fuerza, reconoce que hay “otras, donde efectivamente hubo vulneración de derechos fundamentales”.

No está demás señalar que una política para el control del orden público que considera castigar a los manifestantes poniendo en riesgo la vida y la integridad física de los mismos tiene responsables políticos. Y en el caso de los acontecimientos ocurridos desde octubre pasado tiene nombres y cargos; el presidente de la República, Sebastián Piñera, y sus ministros del Interior

A pocos días del aniversario del estallido social y ante la grave situación ocurrida con el adolescente que tiene formalizado a un carabinero y al constatarse que, la información derivada de dicha audiencia confirman graves de intentos de encubrimiento en que participan mandos superiores al rango del actualmente detenido preventivamente, la situación, hay que reconocer, es alarmante y gravísima.

De allí que sea urgente asumir medidas inmediatas tales como: Juicio y Castigo a los responsables; Disolución de las Fuerzas Especiales (actuales COP) y Refundación Estructural a Carabineros de Chile. Asimismo, la renuncia inmediata del director general Rozas Córdoba y todo su alto mando y de la autoridad administrativa y jerárquica, el ministro del interior y seguridad pública, Víctor Pérez Varela.

La grave crisis social que se prolonga por tanto tiempo, hace evidente que la ciudadanía y la sociedad en su conjunto tiene el derecho a manifestarse de diversas formas como queda claramente consignado en la Observación General N°37 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el derecho de reunión pacífica (artículo 21 Pacto de Derechos Civiles y Políticos) de julio del año en curso, que establece que la reunión es un derecho básico y que, la policía está obligada a usar medios no violentos, y cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación. En dicha observación se limita estrictamente el uso de la fuerza y el uso de armas menos letales, incluyendo gas lacrimógeno y carro lanza-agua, dado que se señala que su uso debe estar restringido, debe estar precedido de advertencias, y deben tomarse medidas para evitar riesgos mayores.

La misma observación establece que el Estado es responsable por conducta de sus agentes, debe llevar a cabo investigaciones en caso de violencia excesiva y debe transparentar el uso de la fuerza, adoptando medidas contra los responsables.

El diseño de una política de control que busca castigar a la población que ejerce el derecho a reunión para manifestarse; la masiva y sistemática de violación de los derechos humanos que no es más el corolario de dicha política, la clara responsabilidad de los mandos policiales directos y las autoridades políticas y administrativas ponen en cuestión a todo el Cuerpo de Carabineros. Los graves delitos cometidos hacen visible un agotamiento terminal de un modelo policial militar que frente a cada situación de protesta, descontento o reclamo reacciona con una violencia brutal e inusitada.

El actual gobierno en general, y la derecha chilena en particular, no van a realizar un cambio importante en Carabineros pues sus declaraciones sólo se fundan en la investigación propia de cada evento, sin mirar el conjunto, la totalidad de los heridos y la enorme cantidad de querellas y denuncias. Es obvio que Carabineros de Chile requiere una refundación completa y no una reforma. Se necesita un cambio estructural de largo aliento que trascienda un gobierno de turno. Y lo lamentable, es que esa mirada urgente no tiene acogida en amplios sectores de la elite política en todos su espectro, más allá del discurso público para enfrentar situaciones inexcusables.

La negación y la nula justicia es un fenómeno que lleva a la impunidad. Impunidad que debiera preocuparnos como sociedad que ya sabe de aquello, especialmente, luego de 17 años de Dictadura Militar. Es factible en ese contexto rescatar las palabras de Fabiola Letelier del Solar en el Seminario Internacional: Impunidad y sus Efectos en los Procesos Democráticos realizado en diciembre del año 1996: “la impunidad conspira contra las orientaciones éticas y los valores más apreciados por los seres humanos, por todos nosotros, por la sociedad toda” y para finalizar señalando que “la impunidad nos ata al pasado, atentando así contra nuestra libertad de construir el presente y el futuro”.

Estas palabras del siglo XX tienen plena vigencia actualmente en el Chile del siglo XXI. Las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos no pueden ser cubiertas con el manto gris de la impunidad, so pena de limitar nuestra libertad para construir el presente y el futuro.


Por Andrés Vera Quiroz
Director CODEPU

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