La Brigada de Intervención y Orden Público BRIOP, el último engranaje del aparato de seguridad de Joaquín Lavín en Las Condes, fue capacitada por la cuestionada policía represiva catalana los “Mossos d`Escuadra” NYC
Las municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea de la capital chilena destinaron 20.000 euros al viaje, el alojamiento y los honorarios de cinco mandos de la policía catalana el pasado mes de febrero. El exconseller Miquel Buch había asegurado en el Parlamento de Cataluña que sólo se trataba de “formación básica de seguridad en un cuerpo de vigilantes y de inspectores”.
Una solicitud de información presentada por el medio de comunicación NYC Prod el portal de transparencia de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Las Condes ha revelado los detalles de la financiación y de los contenidos de la formación que mandos de la Escuela de Policía de Cataluña y del Área de la Brigada Móvil hicieron el pasado mes de febrero a inspectores de seguridad de este distrito acomodado de la capital chilena. Los documentos desmentirían algunos de los datos aportados por el ex consejero Miquel Buch en sede parlamentaria a preguntas de los diputados Carles Riera (CUP-CC) y Susana Segovia (Cataluña en Común-Podemos). Los gastos fueron financiados por la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente -área residencial de alto ingresos , con clubes ecuestres, campos de golf, tiendas de lujo y restaurantes gurmet-, un ente que agrupa a los distritos capitalinos de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, los tres al este de Santiago de Chile. En total, a la formación por parte de la policía catalana, se destinaron 20.466 euros públicos: 6.623 euros en billetes de avión, 6.023 euros en habitaciones de hotel y 7.820 euros en honorarios por las 86 horas de formaciones teóricas y prácticas.
Entre las clases impartidas encontramos “Introducción a los derechos humanos y la deontología profesional”, “Técnicas de resolución de conflictos”, “Defensa personal policial” o “La educación física policial y el plan de entrenamiento personal”. Pero, sin duda, el plato estrella -con cuarenta horas lectivas- fue “el modelo de orden público de la Brigada Móvil, con ejercicios prácticos de despliegue policial que nos introducen a la intervención global en orden público y gestión de masas”. En los siguientes días se profundizó la formación con sesiones sobre “la organización del equipo de intervención, el desarrollo, la protección, los cortes de carretera, evoluciones a pie y en vehículos policiales. Separación de la masa, cordones policiales, protección de personas y protección de edificios “. Estas clases prácticas fueron impartidas por el intendente MH de la Comisaría General de Recursos Operativos y el subinspector OA de la Brigada Móvil. Buch había asegurado en sede parlamentaria que se trataba de “formación básica de seguridad en un cuerpo de vigilantes y de inspectores” y quiso poner el énfasis en el hecho de que “no impartieron formación en el cuerpo de antidisturbios de la policía chilena “.
La literalidad de los hechos apunta, sin embargo, que los policías catalanes habrían instruido futuros agentes antidisturbios. Pocas semanas después de la formación, varios inspectores de la municipalidad de Las Condes modificaron su uniformidad, incluyendo protecciones características de los antidisturbios, casco antitrauma, escudo y un velcro en la chaqueta con el acrónimo BRIOP, que responde al nombre de brigada de Intervención y Orden Público. Y no han pasado desapercibidos. Durante los meses de verano de este año han desplegado contundentes operativos en las calles de Las Condes, algunos de los cuales en el marco de movilizaciones sociales. Especialmente criticada por el activismo feminista fue la presencia de los antidisturbios en posición de carga y rodeando una concentración celebrada el 6 de agosto en solidaridad con Ámbar Cornejo, una joven de dieciséis años violada y asesinada. La misma escena de acoso policial se había vivido a finales de julio durante una concentración en homenaje a Antonia Barra, una joven que se suicidó un mes después de ser violada por su pareja. Los agentes de la BRIOP, además de actuar en grandes operativos, también patrullan ordinariamente por Las Condes en furgoneta o en motocicleta, y han protagonizado incidentes que han sido denunciados en las redes sociales. Así lo detalla en la Directa Luciano Espinosa, ingeniero de administración y directivo de la empresa Transportes E’xpress.
Me detuvieron ilegalmente mientras me encontraba en un parking de motocicletas de la calle San Sebastián de Las Condes. Me estaba comiendo una empanada y una bebida cuando, de repente, llegaron dos motos con policías, me arrinconaron, me cogieron por los brazos y me lanzaron gas pimienta “, recuerda con nitidez. Espinosa sigue narrando con estupefacción la controvertida intervención policial, de la que se registró un vídeo que se hizo viral en las redes: “Primero me acusaban de robar una motocicleta, después de robar las claves y después dijeron que se trataba de un control de tráfico y que yo me había fugado; todo muy arbitrario y abusivo. Me pusieron la rodilla en la cabeza y me dejaron sin aire para respirar “. Instantes más tarde llegaron a la escena de los hechos agentes de los carabineros y todo se fue diluyendo; quedó como un malentendido y sin ninguna acusación formal. Espinosa ahora está valorando la presentación de una querella contra los policías. El empresario, además, constata desde finales de la primavera un notable incremento “de abusos de poder” contra repartidores que trabajan en las calles de Las Condes. Según ha podido confirmar la Directa, Uno de los dos inspectores que detuvieron y lanzaron gas pimienta contra Luciano Espinosa había participado en la formación de los Mossos.
La presencia de la policía catalana en Chile, sin embargo, no se limitó a formar nuevos antidisturbios entre los inspectores de los distritos adinerados de Santiago. El cuerpo de los carabineros (policía estatal) publicó el 19 de febrero una fotografía con dos de sus mandos poniendo en compañía del comisario Joan Figuera y del inspector Ricard Fernández (exintendent del distrito de Gracia de Barcelona) durante una visita a la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros, sin concretar cuál habría sido el fin de la presencia de los representantes del Cuerpo de los Mossos en estas dependencias oficiales. Curiosamente, el inspector Fernández aparece en la imagen con el uniforme de la Brigada Móvil, pese a no ser miembro de esta unidad.
Controvertida trayectoria de los formadores
El 29 de enero de 2020, desde la comisaría de Egara de Sabadell, se hacía llegar un fax a la sección 8 de la Audiencia de Barcelona para informarles de que el subinspector de la Brigada Móvil con número de placa 5887 no podría asistir como testigo al juicio que debía celebrarse el 25 de febrero en el Palacio de Justicia de Barcelona. El motivo alegado era que el mando de los antidisturbios se encontraría de viaje en Santiago de Chile impartiendo una formación que los Mossos describían como un módulo con el título “Apoyo a la seguridad ciudadana y gestión del orden público”. El juicio al que disculpaba su ausencia era contra un joven independentista detenido el 21 de diciembre de 2018 por las protestas en Barcelona durante la celebración de un consejo de ministros presidido por Pedro Sánchez. La fiscalía pedía al joven cuatro años de prisión, con una versión de los hechos construida a partir de los testimonios policiales (entre ellos el del policía 5887) donde se le acusaba de empujar un policía y hacerlo caer al suelo. El joven independentista siempre lo negó y, sin embargo, fue condenado a un año y once meses de prisión. Fue el desenlace judicial de una de las decenas de intervenciones en orden público del subinspector 5887, en su larga trayectoria en desalojos y disolución de manifestaciones en Cataluña.
Los cinco mozos de escuadra del equipo de formadores no viajaron juntos a Chile. El 11 de febrero volaron hasta Santiago el comisario Joan Figuera, el inspector Ricard Fernández y un cabo de la Escuela de Policía de Cataluña. En un segundo viaje, una semana más tarde, cruzaron el Atlántico MH, subjefe de la Comisaría General de Recursos Operativos, y OA, subjefe del Área de la Brigada Móvil y con número de placa 5887. Fernández había aparecido en los informativos de todos los medios de comunicación de España diez años atrás, el 21 de agosto de 2010, como máximo responsable del operativo policial para impedir la lectura de un manifiesto de bienvenida a la toma política Laura Riera después de nueve años recluida por colaboración con ETA durante la fiesta mayor de Gracia. El entonces intendente del Área Básica Policial del distrito de Gracia ordenó a los antidisturbios subir al escenario y detener a la persona que estaba leyendo el manifiesto, bajo la acusación de haber “podido cometer actos incluidos en el auto del juez “. Minutos más tarde, ordenaba duras cargas contra la gente que se manifestaba por las calles del barrio. Todas las pancartas en las que se daba la bienvenida a Laura Riera o se denunciaba los abusos de la Audiencia Nacional española fueron retiradas y confiscadas por orden del intendente Fernández.
Un alcalde pinochetista
El alcalde del distrito de Las Condes, Joaquín Lavín, no ha dejado de hacer promoción del nuevo comando, alabando el hecho de que lleven cámara incrustada en el casco con capacidad de detección de personas con fiebre. “Fiscalización con toma de temperatura a distancia. Por ejemplo, este casco que mide muchas personas a la vez. El llevan nuestros inspectores “, va tuits Lavín desde su cuenta oficial el 14 de julio. El actual alcalde fue ministro de Educación y de Desarrollo Social en el gobierno del conservador Sebastián Piñera. En su currículum figuran varios capítulos que lo sitúan en la órbita del dictador Augusto Pinochet: con sólo 26 años fue designado decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción y posteriormente escribió el libro Una revolución silenciosa, Donde exaltaba el modelo económico impuesto por el dictador. Es miembro de la ultraconservadora prelatura de la iglesia católica Opus Dei y se postula como futuro candidato de la derecha a la presidencia del país.
Reacción en el Parlamento de Chile
El partido socialista ha presentado, hoy 8 de octubre, una petición de oficio en el Parlamento de Chile donde reclama que se determine si la unidad de antidisturbios BRIOP instruida por los Mossos se ajusta o no a la legalidad . Como reacción a las informaciones publicadas por la Directa y el medio chileno NYC Prod, el diputado Leonardo Soto Ferrada ha enviado una petición de oficio a la Contraloría General de la República -órgano parlamentario que fiscaliza las actuaciones del Ejecutivo- de la Cámara de Diputados, donde asegura que la creación de una unidad de antidisturbios por parte de un organismo municipal atentaría contra los artículos 101 y 24 de la Constitución chilena, que otorga esta potestad sólo a los carabineros.
El diputado de la oposición, además, reclama que si se determina que la unidad no se ajusta a ley, se ordene su “inmediata disolución” y se cursen “las responsabilidades administrativas que correspondan”.
Por Jesús Rodríguez, Información publicada en DIRECTA
Foto Portada y Fuente NYC
