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El mes de mayo, el Parlamento despachó un proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SENAPENA) que reemplazaría al vigente Servicio Nacional de Menores (SENAME). Definitivamente el SENAME desaparece, entre comillas, y no sólo porque se constituya el SENAPENA, sino que además, se construye otro servicio, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SNRSJ). Por lo tanto, el Sename se divide en dos servicios distintos de aquí en adelante SNRSJ que se haría cargo de todos/as los/as niños/as entre 14 y 18 años infractores de ley y el SENAPENA que seguirá a cargo de aquellos niños, niñas y adolescentes a quienes se les transgreden sus derechos.
SENAPENA seguirá funcionando casi de modo idéntico a lo que hoy es SENAME, respecto a protección de derechos de la niñez; con la misma subvención, el mismo estilo de financiamiento de los proyectos y de licitación respecto a proyectos por parte de la empresa privada. El otro servicio que se crea, el SNRSJ, sería financiado a través de ley de Chile compra (Ley 19.886), por lo tanto, los jóvenes infractores de ley que estén bajo el alero de algunos de los programas que se liciten de esta manera, ya no estarían financiados por la vieja ley de subvenciones, lo que involucra un cambio radical, ya que no se financia de acuerdo a la asistencia de niño/día, que es una de las características de la ley de subvenciones, que, entre otras cosas, es lo que provoca que este negocio se transforme en algo tremendamente lucrativo, producto del modo salvaje en que se financia, muy parecido a como se financia la educación y que ha sido objeto de la lucha estudiantil, de hace mucho rato en este país, donde los niños y niñas se transforman en un bono que se cobra a fin de mes: tantas atenciones tuvieron, tanto valen, eso va a seguir presente en este nuevo servicio el SENAPENA.
El financiamiento a través de Chile Compra, que operará en el SNRSJ, en rigor mantiene el perverso concepto de ejecutar la política pública por la empresa privada, en tal sentido tiene las mismas características que la licitación a través de la Ley de subvenciones para la infancia y adolescencia (Ley 20.032). En el caso de la Ley de Chile compra, lo que se financia son paquetes de proyectos por determinados periodos y donde a las Instituciones se les va dando mesadas, el dinero aprobado. Por lo tanto, sigue siendo la empresa privada la que se hace cargo de la ejecución de la política pública, sigue habiendo gran posibilidad de hacer negocio con los jóvenes que por algún motivo han infringido la ley penal adolescente.
Los niños y niñas que han muerto en SENAME, no han sido sólo aquellos que han permanecido en Centros de Atención administrados directamente por el SENAME, sino que parte importante de los y las niñas y niños fallecidas/os han estado en residencias administradas por empresas privadas. De hecho, el SENAME ha traspasado más del 90% de sus funciones a estos organismos.
Es decir, no ha existido labor fiscalizadora, respecto aquellas Instituciones a las que les entrega recursos y jamás se ha preocupado de saber que se hace con el dinero. Aquí hay una responsabilidad en política de Estado, por tanto, es el Estado en última instancia, el responsable. El gran problema aquí es que, desde la creación del SENAME en 1979, por un decreto de PINOCHET, lo que se creó es un nicho para que todas estas empresas privadas empezaran, desde esa fecha, han realizado grandes negocios con el dinero del Estado, que ha servido para generar utilidades, beneficios a los administradores de estas empresas privadas denominadas OCAS (Organismos colaboradores de SENAME).
Por Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Área Social- FENTTAS.
Publicado en el sitio El Irreverente
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