¿“Prisioneros Políticos”?

Una de las últimas noticias en materia delictiva fue que los tribunales desestimaron la prisión preventiva para doce ex directores de la Isapre MASVIDA, formalizados por estafas y delitos tributarios que causaron un perjuicio al fisco por unos 12.000 millones de pesos. Hace poco, y luego de siete años, concluyó el caso Corpesca, declarando culpable a Jaime Orpis (a quien el diario La Segunda calificó de “político ejemplar”) por delitos de fraude al fisco y cohecho, mientras tanto, la SOFOFA citará a Corpesca, la empresa que sobornó a políticos, a una “comisión de ética”. Otro caso que no involucra perjuicios económicos pero si violencia política es el de los ultraderechistas que amenazaron a la fiscal Chong, en ese caso el gobierno no quiso querellarse contra los “utensilios” por Ley de Seguridad Interior del Estado, como tampoco lo hizo en contra de los transportistas que paralizaron el país hace unos meses.

Esto es solo una pequeña muestra de cómo opera la Justicia cuando afecta a cierto sector económico y politico. Porque cuando involucra a otros, actúa de forma completamente distinta, como ha ocurrido respecto de los manifestantes de las revueltas. La prisión, tal como en tiempos de Pinochet, hoy se está utilizando para contener la revuelta social, y se presiona a la Fiscalía y a los jueces a través de las apelaciones del Ministerio del Interior. Hoy, por ejemplo, la Fiscalía de Magallanes pidió cinco años de cárcel para cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad, por haber rayado el frontis de la Intendencia luego del estallido el año pasado, CINCO AÑOS!!.

Los leguleyos de turno dirán que hay que seguir los conductos regulares de los tribunales, que la Justicia tiene sus tiempos, que tarda pero llega, etc, pero es demasiado evidente la arbitrariedad con que se ha usado la prisión preventiva para criminalizar la protesta social. Para mí, la Policía, la Justicia, incluso el Sistema de Salud, solo son dispositivos de control social, como diría Michel Foucault. Sabemos que Piñera, con su escuálido apoyo de 7%, solo se mantiene en el poder a través de estas medidas represivas, de un toque de queda injustificado, de una veleidosa política sanitaria, y dándole “chipe libre” a la violencia de carabineros, que ahora “modernizó su represión”, con ataques químicos que queman la piel.

 

A pesar de lo anterior, también es necesario hacer una diferenciación entre los manifestantes comunes, los saqueadores, quienes cometen destrozos, incendios, rompen señalética o golpean torniquetes del metro, porque para el gobierno y para parlamentarios como Felipe Harboe y otros, todos ellos caen en la categoría de peligrosos delincuentes. No se puede descartar que, en medio del desorden, hayan actuado saqueadores y oportunistas de turno, como el pariente del senador Chahuán, o el lumpen proletario sin conciencia social del que habló Marx, al que le importa un carajo lograr beneficios sociales y solo actúan por su propio interés inmediato. Tal vez por eso, es mala idea proponer un indulto, que también requiere que ya exista una sentencia (además el gobierno lo vetará con todo gusto), sino que se debe exigir que se aclare la stuación jurídica de los detenidos, y que no sigan en una especie de “limbo legal”.

Para responder a la pregunta del encabezado no es necesario que los actuales detenidos demuestren una militancia a partidos de izquierda (como ocurría en dictadura en los años 70), sino que ha sido el propio Piñera al declarar su Guerra contra el pueblo y el gobierno, al apoyarse en la antigua Doctrina de Seguridad Nacional del enemigo interno, los que establecieron la categoría de presos politicos, porque para cualquiera con un mínimo de perspicacia, resulta innegable que las persecuciones penales han estado basadas en un criterio político.

Por Cristián Martínez Arriagada, Cientista Político

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