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Carabineros o la práctica de la obstrucción

Colaboración de Javiera Neira. 

El aumento de los casos de violencia y abuso de poder por parte de la policía uniformada en el último año, ha derivado en procesos de investigaciones sumarias y judiciales que involucran tanto a suboficiales como oficiales. A la violación generalizada de los derechos humanos, se le suma que en gran parte de estos procesos ha ocurrido obstrucción a la justicia, trayendo a la memoria numerosos casos en los cuales agentes del estado han implementado este tipo de prácticas, haciendo cada vez más común las acciones ilegales, alteraciones de pruebas, e irregularidades dentro de la institución.

Es en este complejo escenario de irregularidades, por parte del mismo organismo que jura cuidar y velar por el bienestar de la ciudadanía, que los casos más emblemáticos de la revuelta popular recuerdan los crímenes realizados por Carabineros que durante años se han vivido y que en estos últimos se han acentuado. La obstrucción a la justicia por parte de la institución cada vez se practica más, siendo avalada por parte de la elite política por acción o inacción.

Dos de los casos más emblemáticos ocurridos desde octubre del año pasado son el de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, los que dejaron al descubierto el exceso de violencia, abusos e irregularidades en la aplicación de los protocolos de carabineros.

El 8 de noviembre del 2019, Gustavo perdió la visión de ambos ojos, luego de que el teniente coronel Claudio Crespo (G-3) le disparara a la cara con su escopeta antidisturbios, funcionario que posteriormente decidió descargar en su computadora personal los videos de la cámara GoPro que portaba el día de los hechos antes de entregar los registros a la Policía de Investigaciones (PDI), manipulando evidencia esencial y faltando a los protocolos establecidos.

Diariamente los oficiales superiores de Carabineros fueron informados de los civiles heridos por medio de la información recogida por departamento de operaciones policiales OS1, según consta en el documento electrónico 103879764 emitido por el Director de Orden y Seguridad (DIOSCAR). Desde el 20 de octubre de 2019, cada vez que hubiesen incidentes las unidades territoriales tenían la obligación de proporcionar a dicho departamento información sobre “detenidos”, “civiles lesionados”, “carabineros lesionados”, “daños particulares”, “daños a la locomoción colectiva”, “daños a los vehículos fiscales”, “armas incautadas“ y el consumo de “disuasivos” etc.”, es decir que DIOSCAR tenía acceso a mucha información de los incidentes que estaban teniendo lugar a nivel operativo, incluyendo información sobre los heridos y el uso de escopetas. De acuerdo con los informes diarios recopilados por O.S.1, donde se ofrecen datos precisos sobre las lesiones contra civiles y las posibles violaciones de los derechos humanos, la cifra de dicha jornada en la que fue herido Gustavo Gatica, era muy inferior a la cifra de heridos totales que había contabilizado el Ministerio de Salud para el mismo período: 196 y 11.054 respectivamente.

El sumario administrativo interno de carabineros, por las lesiones a Gustavo Gatica iniciado el 11 de noviembre, da cuenta de los oficiales que habrían hecho uso de la escopeta en el sector de Plaza Dignidad el día 8 de noviembre de 2019, así también lo corrobora la bitácora de la central de radio.  El fiscal interno de Carabineros a cargo de la investigación concluyó, el 9 de diciembre, que fueron ocho los funcionarios policiales que usaron una escopeta antidisturbios durante esa jornada: G-1, Grifo 6, Beta 3, Beta 4, jefe de Macul 33, cabo 1o GOPE, suboficial y sargento 1o de la Prefectura de Operaciones Policiales, sin embargo, hay múltiples falencias en la investigación.

Entre las omisiones del fiscal interno de carabineros, respecto a quienes habrían disparado su escopeta antidisturbios ese día en las intersecciones de las calles Carabineros de Chile con Dr. Corvalán, está la del teniente coronel  Claudio Crespo G-3, actualmente procesado y sindicado como el autor de los disparos que cegaron a Gatica, quien se encontraba presente en el lugar y disparó 178 veces su escopeta con perdigones el cual, además, se encontraba en una de las posiciones posibles para herir a Gustavo. A pesar de esta información, Crespo, (G-3) no fue interrogado ni se revisó su cámara corporal.

Por otra parte, las transcripciones de las declaraciones de los funcionarios que estuvieron en el lugar de los hechos son prácticamente idénticas, lo que indica cierto grado de coordinación a fin de evitar responsabilidades legales o administrativas. La mayoría declaró de forma vaga que los manifestantes estaban arrojando “objetos contundentes que ponían en riesgo la vida”, sin embargo el agente investigador no hizo preguntas de seguimiento para determinar detalles de las circunstancias reales que rodearon los sucesos. Registros oficiales de la policía uniformada da cuenta de más de 2.600 cartuchos de calibre 12 (compuestos de 12 balines de goma y metal cada uno) y más de 600 de calibre 37 (granadas de gas) disparados el 8 de noviembre en contra de manifestantes.

El informe “Ojos sobre Chile: Violencia Policial y Responsabilidad de mando durante el Estallido Social”  realizado por Amnistía Internacional, reproduce la conclusión del sumario interno de Carabineros, el que establece que “no se puede definir quién habría realizado los disparos contra Gatica y que no existe certeza que la munición utilizada por Carabineros haya causado las lesiones oculares a Gatica”. Opinión contradictoria con el resultado del informe pericial balístico de la PDI a los balines extraídos del cuerpo de Gustavo que determina que se trata de “dos postas de color negro de 8 mm de diámetro, las cuales formaron parte de cartuchos para escopetas calibre 12, del tipo antidisturbios, los que son utilizados generalmente por las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, según su reglamentación.”

A estas inconsistencias hay que agregar que los análisis realizados a las grabaciones de las cámaras de televisión y de las cámaras de la Policía en el lugar de los hechos tienen deficiencias analíticas, pues sólo se revisó una cinta  de televisión y una cámara del cuerpo de policía, a pesar de que varios funcionarios presentes en el lugar de los hechos tenían a su disposición este equipo.  

El sumario fue cerrado el 9 de diciembre, pero, tras la emisión en abril de 2020 en un canal televisivo de un video en el que se aprecia el momento en el que Gustavo es herido por disparos policiales, Carabineros informó que se había reabierto el sumario en virtud de la obtención de nuevos antecedentes. Finalmente, el 19 de junio de 2020, Carabineros dijo que un funcionario había sido dado de baja en relación con el caso por incumplimiento de protocolo administrativo, pero no por el ataque a Gustavo, ese funcionario sería Claudio Crespo, G-3, quien fue imputado como autor de las lesiones a Gustavo Gatica en agosto de 2019.

Caso parecido fue el de Fabiola Campillai, quien el 26 de noviembre del mismo año en la comuna de San Bernardo, perdió la visión de sus dos ojos, sufriendo daños neurológicos al ser impactada por una bomba lacrimógena lanzada directo a su cara. La investigación fue obstruída con las mismas prácticas por parte de funcionarios de la institución, negando, ocultando y acordando una misma declaración. Sin embrago y después de muchos meses, se dio a conocer un registro audiovisual que implica directamente al Capitán de Carabineros Patricio Maturana, por el hecho solo fueron desvinculados dos funcionarios ya que declararon hechos contradictorios de lo ocurrido y no se verifico el estado de salud de la víctima, omitiendo el procedimiento legal.

La investigación realizada, desmiente el parte policial que afirmó que se habían lanzado las bombas lacrimógenas porque habían sido atacados por manifestantes, por lo que  se hizo uso inadecuado e injustificado del lanza granadas. Fundamental para el avance en la investigación fue la incautación del video de la cámara GoPro del capitán a cargo del operativo, cuyas imágenes dan cuenta de cómo habían ocurrido los hechos.

El 5 de marzo de 2020, ante la Fiscalía Nacional el capitán Maturana, señaló que “no hay certeza de que lo que le provocó la lesión haya sido  una lacrimógena, pudo ser cualquier tipo de armamento, pudo ser antes o después, una piedra gigantesca o un martillo”. Posteriormente estas afirmaciones fueron desmentidas por dos informes de la Universidad de Chile y del Servicio Médico Legal donde se demuestra que el golpe es de un proyectil lanzado con lanza granada y que se trató de una escopeta de un tiro, que fue dirigido directamente a la cara de Fabiola. El 28 de agosto de 2020, la Fiscalía Nacional imputó al capitán Patricio Maturana como autor del delito de apremios ilegítimos con lesiones gravísimas en contra de Fabiola Campillai.

Estas prácticas no solo han estado masificadas en la práctica habitual de carabineros durante y posterior estallido social. El asesinato del comunero Mapuche Camilo Catrillanca, a manos de Carabineros de Chile, el 14 de noviembre del 2018 en Temocuicui por un impacto de bala en su cabeza, producida por el del sargento Carlos Alarcón Molina, no fue muy diferente al caso de Gatica y Campillai, ya que en esta ocasión también existieron procedimientos irregulares, complicando el normal procedimiento de las investigaciones, en el que nuevamente existió obstrucción.

El 14 de noviembre los funcionarios que participaron del procedimiento fueron interrogados, entregando falsos testimonios, asegurando que nadie portaba cámaras en el momento de los hechos que pudieran registrar lo sucedido, declaraciones que fueron respaldadas por la institución el 17 de noviembre, pero que al día siguiente fueron desmentidas por un anuncio del gobierno que confirmaba la existía de un video, que había sido destruido por los mismos funcionarios.  A solo horas de la muerte de Camilo, se entregaron dos documentos oficiales donde se aseguró que las fuerzas policiales fueron atacadas, produciéndose un enfrentamiento y que Catrillanca muere al cruzarse en la línea de fuego.

Este informe fue desmentido por el fiscal Roberto Garrido, quien estableció que el “Resumen Ejecutivo” como el Parte N°01130 dan cuenta de hechos que nunca ocurrieron. No obstante, el 18 de noviembre del 2018, la fiscalía de la Araucanía decidió abrir una investigación por obstrucción a la justicia contra cuatro funcionarios que participaron del operativo ese 14 de noviembre, antes de ese día, el gobierno aseguraba que Catrillanca tenía relación con el hecho delictual de robo de los vehículos de tres profesores, ocurridos horas antes del asesinato.

Este tipo de hechos no solo aparecen ahora, si se retrocede un poco en el tiempo, hay casos como el de Jaime Mendoza Collío, quien el 12 de agosto del 2009 murió tras recibir un disparo por parte del cabo del Grupo de Operaciones Policiales (GOPE) de Carabineros Miguel Jara Muñoz, quien testifico que había sido por legítima defensa, aportando como prueba las marcas de balines en el chaleco anti balas que utilizo ese mismo día, posteriormente los peritajes del Servicio Médico Legal  arrojaron que esto había sido falso, ya que Jaime Mendoza Collio recibió el disparo por la espalda mientras intentaba huir tras el ingreso de los funcionarios al fundo San Sebastián de Ercilla, lugar donde un grupo de comuneros Mapuches había ingresado como parte de su lucha reivindicativa de recuperación territorial.

Amnistía Internacional ha tenido acceso a cinco expedientes de investigación interna, en los cuales ha observado que en estos, lejos de intentar descubrir la verdad para aplicar medidas disciplinarias, están orientadas a absolver a funcionarios de Carabineros de responsabilidades legales o administrativas.

La reiteración de este tipo de prácticas dentro de Carabineros de Chile deja ver el respaldo y protección que reciben ante este tipo de actuar. Respaldo que parte desde los mismos integrantes de la institución hasta ciertos sectores de la política, existiendo encubrimiento y justificación al actuar de ciertos funcionarios. Un claro ejemplo fueron los dichos del ex Director de Carabineros Mario Rosas, durante el estallido social quien, lejos de sancionar los comportamientos violatorios, éstos fueron permitidos y respaldados por él, lo que se evidenció a través de la filtración del audio en el que asegura, que no daría de baja a ningún funcionario independientemente de su conducta.

Javiera Neira, estudiante de Periodismo Universidad Central.

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