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Las manifestaciones masivas contra la desigualdad persistente disminuyeron por causa de la pandemia de COVID-19, pero las que sí se celebraron solían encontrar como respuesta el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, a menudo con el resultado de lesiones graves. El gobierno hizo uso indebido de la legislación con el fin de criminalizar a las personas que se manifestaban, acogiéndose a la Ley de Seguridad del Estado e introduciendo nueva legislación penal. La pandemia afectó de manera desproporcionada a quienes vivían en situación de pobreza y a quienes dependían de los servicios públicos de salud, así como al personal sanitario del sector público.
ANÁLISIS:
UN GOBIERNO QUE NO ESCUCHA,
UNA CRISIS QUE PERSISTE
Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile
Estamos enfrentando tiempos extraordinarios para Chile y para el mundo. Tiempos que han mostrado que “hacer las cosas como siempre” ya no sirve. Las profundas desigualdades, la pandemia, el cambio climático, lo han hecho evidente.
Desde octubre de 2019 hasta ahora, a Chile le ha tocado vivir dos crisis seguidas: una de derechos humanos y una sanitaria por el Covid-19.
La crisis de derechos humanos, que se inició con el estallido social, dejó a miles de personas heridas por agentes del Estado y una sociedad dolida. Las personas, en su gran mayoría, no salieron a las calles a destruir, sino todo lo contrario: a plantear la necesidad de construir un Chile distinto. Pero lo que recibieron de vuelta fue de las peores represiones policiales que se ha vivido hasta ahora, y que trajeron de vuelta la memoria de la dictadura.
La crisis sanitaria, con el inicio de la pandemia en marzo de 2020, dejó en evidencia las mismas desigualdades por las cuales la ciudadanía estaba protestando. Pudimos constatar, por ejemplo, cómo trabajadoras y trabajadores de la salud de centros públicos de salud vivieron y siguen viviendo duras realidades, que no han tenido que vivir quienes trabajan en clínicas privadas.
La sociedad chilena ya venía malherida con la violencia que recibió del Estado durante el estallido social, y ahora debió enfrentarse a un Estado que les deja poco margen para cuidarse frente a la pandemia. Quedarse en casa, cuidarse y vivir una cuarentena en buenas condiciones se volvió un privilegio más.
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Tiempos extraordinarios requieren liderazgos extraordinarios. Pero en muy pocos lugares del mundo, estos liderazgos extraordinarios provinieron de quienes detentan el poder o de quienes tienen los recursos y el dinero. En casi todas partes, los liderazgos extraordinarios provinieron de personas “comunes y corrientes” que necesitaron hacer algo para sobrevivir con un mínimo de dignidad.
En Chile, durante el estallido social vimos el enorme despliegue de observadores de derechos humanos de la sociedad civil, grupos que se organizaron para atender jurídicamente a las víctimas de violaciones de derechos humanos, brigadas de salud voluntarias para atender a las víctimas en terreno, audiovisualistas y medios independientes documentando lo que sucedía en las calles y proveyendo evidencia invaluable para la búsqueda de justicia. Durante la pandemia, vimos cómo personas se organizaron en ollas comunes, cómo trabajadoras y trabajadores de la salud se las ingeniaron para atender de la mejor forma posible a la mayor cantidad de personas posibles, cómo diferentes personas expertas y liderazgos de gremios de la salud emergieron dando señales claras que el gobierno no daba.
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Lamentablemente, si observamos cómo estábamos hace un año, vemos que las cosas están igual o peor. Pero tenemos al frente a un gobierno que actúa como si nada pasara. Que ha dicho incluso ante Naciones Unidas que Chile ya “volvió a la normalidad” después del estallido social, que sigue respaldando a carabineros sin ningún cuestionamiento, que reitera discursos que equiparan indebidamente protesta y delincuencia, que persiste en tratar las violaciones generalizadas de derechos humanos ocurridas como si fueran casos aislados. Un gobierno que ha sido acusado por diversas personas expertas de no escuchar a nadie en el manejo de la pandemia (ni siquiera a la Mesa Social Covid que el mismo gobierno convocó) y que últimamente su única respuesta a las críticas es una defensa indignada para tratar de convencernos de que todo está bien, persistiendo en un discurso exitista pese a los más de 7000 contagios nuevos diarios y más de 30.000 personas fallecidas en lo que va de la pandemia.
La crisis de derechos humanos y la crisis sanitaria continúan, están presentes todos los días, pero desde el gobierno esto no se reconoce. Tenemos un gobierno que actúa como si el estallido social nunca hubiera sucedido, que no escucha ninguna crítica, que persiste en hacer lo mismo de siempre pese a que no resuelve ninguna de las crisis.
Chile no puede existir sino es en el mundo. Chile no puede funcionar sino es con todas las personas que habitan el país. Las autoridades deben asegurar que todas las medidas que se implementen no dejen a nadie atrás. Necesitamos un “reseteo” en todo el mundo. En Chile, esto puede tomar la forma de una nueva Constitución que realmente refleje el país que hoy somos. Nos toca a la ciudadanía seguir alzando todas nuestras voces, hasta que al fin sean escuchadas, exigiendo justicia y reparación, exigiendo una vida digna.
Necesitamos apretar el botón de reinicio y preguntarnos qué se necesita para tener un mundo en que realmente vivamos en base a la idea de igualdad, dignidad y justicia. De humanidad, finalmente.
ACTUALIZACIÓN DE CAPÍTULO SOBRE CHILE
La estructura de esta actualización seguirá los mismos títulos o secciones temáticas del capítulo sobre Chile del Informe Anual de Amnistía Internacional, actualizando hasta el 31 de marzo de 2021.
INFORMACIÓN GENERAL
A solicitud del gobierno, el Congreso aprobó la extensión del estado de excepción constitucional de catástrofe debido a la pandemia, hasta el 30 de junio de 2021. También debido a la pandemia de la COVID-19, el Congreso se encuentra actualmente debatiendo una propuesta del gobierno para aplazar las elecciones para definir a quiénes integrarán la Convención Constitucional, que se aplazaría del 10 y 11 de abril, al 15 y 16 de mayo.
USO EXCESIVO DE LA FUERZA
La Fiscalía Regional de Valparaíso continúa investigando al menos 6 querellas por crímenes de lesa humanidad. Según información de prensa, estaba previsto que el actual general director de carabineros, Ricardo Yáñez, declarara ante la fiscal regional a fines de marzo, pero a través de su abogado pidieron aplazarlo.
Los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai continúan investigándose. En el caso de Gustavo Gatica, en marzo, la fiscalía solicitó una audiencia para reformalizar al excarabinero imputado por el delito, y solicitando ampliar el plazo de investigación. El 7° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó los argumentos presentados por su defensa y permanecerá recluido mientras dure la investigación.
El caso del adolescente AAA, que fue arrojado al lecho del río Mapocho en el puente Pío Nono, también continúa investigándose. Sin embargo, solo se encuentra imputado el carabinero que impactó con el joven, sin que se haya analizado la responsabilidad de otros carabineros, por ejemplo, por no facilitar la investigación ni prestarle ayuda al adolescente una vez que vieron lo sucedido.
Información proporcionada por Fiscalía a la prensa en marzo indica que casi la mitad de las causas por violaciones de derechos humanos en el marco del estallido social, se han cerrado sin formalizaciones y en su mayoría prácticamente sin avances. Fiscalía refirió diversas dificultades en cuanto a recursos disponibles, falta de respuesta de las policías y dificultad para ubicar a las víctimas. Solo ha existido una condena a la fecha.
Una investigación desarrollada por la Contraloría General de la República, concluyó en marzo, y propuso al general director de Carabineros suspender a dos generales y un general en retiro que desempeñaron funciones directas durante el estallido social a finales de 2019, por sus responsabilidades funcionarias durante ese periodo.
Amnistía Internacional ha seguido recibiendo información sobre situaciones graves de violencia policial entre enero y marzo de 2021, tales como quemaduras causadas con gas pimienta afectando de manera indiscriminada a personas incluyendo niños, niñas y adolescentes; ataques directos y detenciones a observadores de derechos humanos, fotógrafos, periodistas y brigadistas de salud y detenciones con uso excesivo de la fuerza. En febrero, recibimos información de un joven muerto por un disparo de carabineros en Panguipulli y un nuevo caso de herida ocular en Santiago.
Víctimas de trauma ocular han referido a Amnistía Internacional su preocupación por el funcionamiento deficiente del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), y la urgencia de que este opere de manera verdaderamente integral, en todo Chile, y sin riesgos de revictimización o discriminación para quienes lo utilicen.
No se han conocido nuevos avances en relación a la reforma a carabineros, y la sección dedicada al tema en la página web del Ministerio del Interior, a la fecha de cierre de este documento no está accesible. En marzo, anunciaron la presentación de un libro titulado “DD.HH en la Doctrina Institucional”, sin mayor información acerca de su contenido o forma en que se utilizará.
REPRESIÓN A LA DISIDENCIA
Las manifestaciones realizadas entre enero y marzo fueron enfrentadas con uso indiscriminado de carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas, y el “copamiento” mediante la asignación de gran cantidad de policías y vehículos blindados. Estas intervenciones no están dirigidas a controlar el orden público, sino a impedir que existan manifestaciones, incluso cuando sean pacíficas.
En enero de 2021, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley con el objeto de derogar la Ley de Seguridad del Estado, la ley “antibarricadas” y el control preventivo de identidad.
El gobierno dio inicio en marzo a una consulta abierta a la ciudadanía para recabar opiniones acerca de la regulación del derecho de reunión pacífica. Las preguntas plantean opciones que, de aprobarse, serían contradictorias con la regulación internacional del derecho de reunión.
DERECHO A LA SALUD
El mes de marzo marcó un nuevo aumento de contagios y fallecimientos por COVID-19 en Chile, y un nuevo incremento significativo en la ocupación de las camas UCI. Esto ha repetido la situación registrada a mediados de 2020, con personal de la salud agotado y sin apoyo efectivo. El gobierno en marzo indicó a las direcciones de hospitales que no informaran acerca de la situación en terreno, y en un caso particular en Valparaíso anunció acciones legales contra quien denunció la situación en la morgue de un hospital.
El proceso de vacunación, iniciado a fines de diciembre de 2020, ha avanzado, en términos generales, favorablemente. Con más de 6.5 millones de personas vacunadas con una dosis y más de 3.5 millones con dos dosis de la vacuna según cifras oficiales. En febrero, se dio a conocer una circular que podría dejar fuera del proceso de vacunación a personas migrantes en situación irregular. Diferentes personeros de gobierno dieron explicaciones diferentes y confusas, lo que podría disuadir a las personas en esta situación de acercarse a los centros de vacunación.
PUEBLOS INDÍGENAS
El juicio por el asesinato de Camilo Catrillanca culminó en enero, con la condena de todos los imputados, al menos uno de ellos – el autor del homicidio a Camilo Catrillanca, y homicidio frustrado al adolescente M.A.P.C. – a presidio efectivo. Las defensas solicitaron la nulidad del juicio ante la Corte Suprema, que se encuentra actualmente pendiente.
En enero, W de 7 años, hija de Camilo Catrillanca, fue detenida por carabineros junto a su madre. Sufió uso excesivo de la fuerza mientras iban a escuchar el veredicto en el juicio por el asesinato de su padre. La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo interpuesto por el INDH en favor de W.
En el caso del asesinato de Alex Lemún, que se reactivó luego de un acuerdo de solución amistosa ante la CIDH, en enero se decidió que el inicio del juicio oral se posterga para mayo, con la intención de realizarlo presencialmente.
En marzo, la CIDH informó que el recurso presentado en favor de José Tralcal, Luis Tralcal y José Peralino, condenados en el marco de un juicio injusto por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, pasó a examen de admisibilidad.
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
En enero, se reactivó en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, la discusión del proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas. El proyecto fue presentado en 2018, sin que se haya discutido desde entonces.
DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES (LGBTI)
En enero, el Senado aprobó en general el proyecto de ley que reforma la Ley que Establece Medidas contra la Discriminación. Actualmente se encuentra en curso la discusión en particular del proyecto de ley en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES
En febrero, más de 1000 personas entraron a Chile en la zona de Colchane, mayormente venezolanas, intentando buscar protección en el país. Al menos 5 personas han muerto en lo que va del año, intentando cruzar la frontera por tierra. El gobierno ha expulsado a más de 100 personas, pese a que en muchos casos existían recursos judiciales pendientes cuyo resultado no esperaron, y en algunos casos con posterioridad se declaró ilegal la expulsión.
Lea el informe completo INFORME 2020/21 AMNISTÍA INTERNACIONAL- CAPÍTULO CHILE AMPLIADO
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