Para el estado Méxicano son más peligrosos los estudiantes que las bandas narco

Chiapas, México. El el 18 de mayo de 2021, estudiantas y estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá” , fueron violentamente reprimidos por parte de policías de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, mientras se encontraban en acción pacífica de volanteo en la caseta de cobro carretera Chiapa de Corzo – San Cristóbal de Las Casas, en el tramo conocido como La Pochota y en el Libramiento Norte Poniente de Tuxtla Gutiérrez.

Los estudiantes venían realizando movilizaciones en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, exigiendo demandas educativas, entre ellas que el examen de ingreso (admisión) se realice de manera presencial y no vía internet, debido a que los aspirantes provienen de comunidades rurales sin acceso a computadores e internet.

En el operativo violento de la policía fueron detenidos 74 estudiantas y 21 estudiantes, trasladados a la Fiscal General del Estado e incomunicados de sus familiares. Fue hasta el siguiente día que lograron ver por cinco minutos a sus familiares quienes dieron cuenta de las lesiones que sufrieron la mayoría de ellos al momento de ser privados arbitrariamente de su libertad. Esa misma noche fueron traslados a la cárcel de “alta seguridad” en El Amate, municipio de Cintalapa, a más de 95 kilómetros, debido al miedo de las autoridades de la protesta social.

Diversos organismos de derechos humanos y la sociedad civil organizada ha manifestado su repudio por la privación arbitraria de la libertad de las y los estudiantes, aun más porque se dio a conocer que el Juez de Control calificó de legal la detención y se decretó prisión preventiva oficiosa por los delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, además del delito de daños; Los organismos de derechos humanos afirman que la prisión preventiva oficiosa es utilizada como mecanismo de control y represión, para violar las garantías y protección judiciales, así como el derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso.

En este sentido, también denuncian que las autoridades mexicanas desoyen recomendaciones como la que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema, que ha manifestado su preocupación por el uso del derecho penal como mecanismo de criminalización de la libre manifestación, señalando además que los cortes de ruta, el copamiento del espacio público, e incluso los disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales, pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar. Sin embargo, los límites desproporcionados de la protesta, en particular cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión.

Las y los alumnos detenidos se encuentran en espera de la audiencia de vinculación a proceso, en donde el Juez determinará si existen elementos para someterlos a un proceso penal corriendo el riesgo de la prisión preventiva oficiosa que los mantenga privados ilegalmente de la libertad.

“Las estudiantes están en celdas de diez por seis metros, en cada celda hay 25 mujeres acinadas, algunas durmiendo en el suelo, todas refieren maltrato físico al momento de la detención, también refieren tocamientos sexuales por parte de elementos de la policía al momento de la detención”, explicó el defensor de derechos humanos Diego Cadenas, tras realizar una visita a los 94 estudiantes normalistas detenidos, al medio Pozol colectivo

El abogado también expuso en conferencia de prensa que las mujeres normalistas refieren que ya estando en la fiscalía las hicieron quitarse toda la ropa, enfrente incluso de un policía hombre, lo cual es una violación a su derecho de la dignidad y la privacidad y tortura psicológica. Cadenas también indicó que mientras las estudiantes están en las celdas, continuamente llegan policías de la fiscalía general del estado a insultarlas y amedrentarlas. Están en una situación en la que hay mucho calor, no tienen suficientes líquidos para hidratarse, alertó el abogado. Varias de ellas han pedido medicamentos para el dolor ocasionados por los golpes y hasta el momento no han sido atendidas esas necesidades médicas, denunció.

A parte de las 75 estudiantes detenidas, el abogado indicó que los 19 hombres están más golpeados todavía, los cuales refieren haber sido macaneados a la hora de la detención y todos indican estar sufriendo maltrato verbal durante su detención en la fiscalía general del estado. 

EL ASEDIO Y LA REPRESIÓN CONTRA LAS NORMALES RURALES

Chiapas, es el estado con mayor pobreza en el país, es hoy epicentro de otra embestida gubernamental contra la población más marginada.

Cabe señalar que desde 1922 las Escuelas Normales Rurales, presentes en varios estados, han sido centros educativos diseñados específicamente para instruir a hijos de campesinos y a población indígena. Así a las Normales Rurales funcionan como institutos enfocados en atender a gente de bajos recursos, de los cuales la gran mayoría no tienen computadores, ni internet, y muchos ni siquiera luz eléctrica para poder presentar un examen en línea.

A las políticas represivas encabezadas por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que ha focalizado su poder represivo contra los estudiantes pobres, mayoritariamente indígena, que han encontrado en esta normal, la única opción para acceder a la carrera magisterial, se suma a las incontables ocasiones en las que los gobiernos estatales del PRI y del PAN han reprimido con violencia manifestaciones estudiantiles, sin embargo, es ahora un gobernador de la “Cuarta Transformación” el que dio la orden de aplicar la brutalidad policial para detener a los normalistas.

Queda así de manifiesto que hoy como ayer, el diálogo no es una opción para los gobiernos de turno. Los más de 90 presos políticos que hoy están en la cárcel “El Amate” son una clara muestra de que es más fácil encarcelar estudiantes pobres antes que otorgar condiciones educativas dignas que ayuden a mejorar la vida de las poblaciones rurales de Chiapas y de todo México.

Este episodio represivo no es nuevo, pues el hecho más violento conocido internacionalmente fue el que ocurrió en 2014, donde en un acto macrabro e inhumano se hicieron desaparecer a 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, que hasta el día de hoy los avances investigativos y de justicia no llegan.

SOLIDARIDAD CON LOS ESTUDIANTES

Las madres y padres de familia de los 43, a través de un comunicado condenaron la violenta represión de las fuerzas de seguridad a estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá, que calificaron de desproporcionado y violatorio de los derechos de los estudiantes que están legitimados para exigir mejores condiciones para la Normal. Afirmaron que sus peticiones se inscriben en el marco constitucional y tienen como fin fortalecer la educación pública para los que menos tienen, estas demandas y exigencias no deben ser criminalizadas y esas exigencias no deben ser motivo para el uso desproporcionado de la fuerza ni para la privación de la libertad de cientos de estudiantes. Deber ser el diálogo el que prive y no las posturas facistoides de un gobierno disfrazado de progresista, circunstancia que además contrasta con la posición del gobierno federal de la no represión a los movimientos sociales.

Desde El magisterio democrático de Chiapas aglutinado en la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40, el Nivel de Educación Indígena y el Concejo Central de Lucha de la Sección 7, también denunciaron la represión contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Macumactzá y se refirieron En declaraciones públicas, como un acto de agravio a la clase trabajadora y sociedad en general, que se gesta desde las instituciones del Estado al servicio de la oligarquía imperialista. “Es ahí donde nace y se desarrolla la violencia directa contra el pueblo; nada más violento que el aumento de la pobreza extrema, la pérdida del valor adquisitivo de los salarios en la clase trabajadora, los desplazamientos forzados de comunidades enteras, la falta de insumos y servicio médicos acordes a las necesidades, el nulo respeto a los derechos humanos, el uso desmedido de la fuerza pública y el paramilitarismo sobre comunidades organizadas, por mencionar algunos ejemplos”.

“El ataque directo del Estado sobre los estudiantes de la Escuela Rural Macumactzá ocurrido el día de hoy 18 de mayo no es fortuito ni busca «instaurar» la paz. Esto sin duda es un mensaje claro de la clase que ostenta el poder hacia la sociedad en general, nada se interpondrá en los planes económicos de la burguesía y utilizando la política de la represión frenará cualquier expresión opuesta a sus intereses. No debemos aislar este hecho lamentable contra los estudiantes quienes han desgastado la búsqueda del diálogo con el gobierno de Chiapas que encabeza Rutilio Escandón Cadenas quien se ha caracterizado por la cerrazón y violencia contra el pueblo. El Estado de Derecho es la forma legaloide que coloca un escenario perfecto para la represión masiva y selectiva de toda voz que se inconforme con las injusticias hacia la sociedad”.

CONDENAMOS ESTOS HECHOS Y EXIGIMOS LA LIBERACIÓN INMEDIATA E INCONDICIONAL de los estudiantes de la Escuela Normal Macumactzá detenidos por exigir la solución a sus justas demandas. Así mismo RESPONSABILIZAMOS al gobernador del estado de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas y al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador por los daños y afectaciones que pueda sucederles a los alumnos en mención. Así mismo, hacemos el llamado a nuestras bases y el pueblo en general para estar EN ALERTA MÁXIMA y dispuestos a ejercer nuestro derecho a la protesta ante la embestida del Estado y sus cuerpos represivos.

El gobierno de AMLO ha recortado en gran porcentaje el financiamiento de las Normales Rurales. “Parece que lo que quieren hacer es desaparecer a las normales rurales. Pero la lucha de los estudiantes y maestros nos ha mantenido en pie”, esta es la percepción de una estudiante de la Normal Rural de Mactumactzá, en Chiapas.

Los maestros rurales formados en estos planteles son los encargados de llevar la educación a las comunidades más alejadas de caminos y ciudades, sin embargo, han sido blanco de políticas que los marginan para no recibir la formación académica acorde a sus necesidades.

En el año 2003 la escuela Mactumactzá sufrió una represión policial que dejó una decena de personas detenidas y cientos de heridos. Ese mismo año retiraron el sistema de internado que las Normales Rurales ofrecen a los estudiantes de bajos recursos para que sólo se preocupen por estudiar.

“Quitar el internado también fue un acto de represión porque favorece a los alumnos que entran a estudiar. Muchos vivimos en comunidades muy alejadas y somos hijos de campesinos. No podríamos pagar rentas, ni estar viajando para recibir educación. Y el sistema de internado también cuenta con servicio de alimentación y todos los materiales para nuestros estudios que están dentro de la institución. Si quitan eso, muchos de nuestros compañeros ya no pueden estudiar. No podemos permitir que hagan de la Normales unas escuelas privadas donde hay que pagar por todo”, afirmó la normalista, que prefirió reservar su nombre, en entrevista con Once Noticias.

“Para el estado mexicano son más peligrosos los estudiantes que luchan por una mejor educación, que las bandas de narcotraficantes que mantienen con corrupción y terror un estado criminal paralelo” Sentencia un estudiante normalista que mantendremos en el anonimato.

Fuentes : Pozol Colectivo- Frente Crítico estudiantil-Voces en movimiento-Magisterio democratico de Chiapas- Federación de jóvenes comunistas México

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