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De todos los horrendos crímenes que se han cometido bajo el régimen de Piñera, quizás el más vergonzoso de todos sea el cobarde ataque sufrido por Fabiola Campillai y su posterior secuela física (pérdida de los sentidos de la vista, del olfato y el gusto). Al ver a esa humilde mujer, esposa y madre uno no puede más que compadecerse en el sentido profundo de la palabra (padecer con ella, sentir el dolor de ella). Lo más grave es saber que la Fiscalía ha postergado una y otra vez el juicio en contra del oficial Maturana, quien permanece en arresto domiciliario. La falta del juicio y del necesario castigo hace crecer la sensación de impunidad de la que goza carabineros, y solo revictimiza a quien sufrió el daño, además de que Fabiola no ha recibido ningún apoyo por parte del Estado, (aunque los ministros de Piñera mintieron y hayan dicho que trataron de ponerse en contacto con ella). En este caso, no solo debiera responder penalmente Patricio Maturana, sino que sus superiores jerárquicos, como el ex general Rozas, y también los responsables políticos, como el ex ministro Blumel y el subsecretario Ubilla.
Pero no solo ella está desprotegida y sin justicia. Mario Acuña, está postrado con múltiples complicaciones desde el 23 de Octubre de 2019, cuando Piñera soltó a la calle a sus esbirros, los que le dieron una violenta golpiza que casi lo mata. Los responsables, tres funcionarios de carabineros, están identificados pero siguen libres. Mientras, en el Congreso avanza un proyecto de la oposición para otorgar reparación a quienes hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o castraciones, así como también a quienes conforman el entorno familiar de quienes murieron a partir de la revuelta de octubre, para que el Estado se haga responsible de los daños cometidos por los propios agentes estatales en contra de la población civil. Si bien, este proyecto aun está en discusión, ya hay visos de que se quiere frenar esta iniciativa. Por ejemplo, carabineros se niega a cooperar y a entregar las grabaciones de sus cámaras corporales, y han recurrido al Tribunal Constitucional. Tenemos a Sergio Micco, el director del INDH, quien ha cambiado el criterio para contabilizar a las víctimas de daño ocular, y ahora solo se considerarán aquellas que se hayan querellado en conjunto con el INDH, dejando a más de la mitad de las víctimas fuera de este catastro, es decir, sin justicia.
La misma Fiscalía, que actuá con tanta diligencia a la hora de acusar y prejuzgar a los presos de la revuelta, actúa a paso de tortuga cuando se trata de establecer las responsabilidades de uniformados. Lamentablemente, el flamante gobernador de Santiago comparte esa misma opinión. Claudio Orrego ha sostenido que los detenidos desde octubre de 2019 son todos unos delincuentes, incluso llegó a decir que habían causado la muerte de un chófer. Espero que en algún momento el señor Orrego tenga la hidalguía de pedir disculpas a todos aquellos detenidos que han estado saliendo libres por falta de pruebas, y a quienes tan frívolamente acusó de delincuentes.
Pero si hablamos de verdaderos delincuentes, tenemos varios ejemplos: Santiago Sinclair, ex mano derecha de Pinochet, ex miembro de la Junta, ex senador designado, hoy está culpado por el crimen de 17 campesinos en Panguipulli en 1973, también está condenado por 12 muertes de la Caravana de la Muerte en Valdivia, pero con más de 90 años es difícil que llegue a pisar la cárcel. O el ex comandante Fuente-Alba y su señora Anita Pinochet, procesados por millonarios desfalcos, lavado de dinero y malversación. O Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre, ex comandante en Jefe, ex director del Servel, y autor de torturas en La Serena en el caso de la Caravana de la Muerte y cómplice del crimen del matrimonio argentino Lejderman-Ávalos. El procesado aún sigue libre.
Cuando la Justicia tarda tanto deja de ser justa. Cuando el Estado tarda tanto en actuar o actúa discrecionalmente según la clase social o rango de los involucrados, pierde toda legitimidad ante los ojos de los gobernados. La Justicia chilena no solo tiene un sesgo de clase, también hace diferencias entre civiles v/s militares. La situación de Fabiola y de tantos otros indigna, porque detrás está el actuar cómplice del Gobierno, que ha encubierto violaciones a DDHH y una corrupción ya endémica de la policía y FFAA, pero también está la desidia del poder judicial. Tal vez, la única alternativa para todos ellos es que se busque justicia en el extranjero, porque, parodiando a Ricardo Lagos Escobar, “las Instituciones en Chile no funcionan”.
Por Cristián Martínez Arriagada, Cientista Político
