Denuncian colusión de servicios del Estado para favorecer a industria salmonera

Terminando el año 2021, los Comités de Defensa Del Borde Costero de Puerto Montt y “Calbuco Emergente”, de la Región de Los Lagos, junto al Sindicato de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores “Nuevo Amanecer” de Puerto Aguirre, de la Región de Aysén, ingresaron en las oficinas de la Contraloría General de la República (CGR) una solicitud de Auditoría (investigación) a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SS FFAA) y a la Superintendencia del Medioambiente (SMA) por “falta de servicio” en ambas reparticiones públicas en materias relacionadas a la actividad acuícola que destroza el Mar de la Patagonia.

Aunque la solicitud de investigación se centra en estas dos reparticiones públicas, el dossier que acompañó a la solicitud de Auditoría también implica a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR) y a sus Gobernaciones Marítimas y Capitanías de Puerto dependientes, al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) e incluso al Ministerio Público Regional, por el evidente incumplimiento de las funciones fiscalizadoras de la actividad acuícola que les ha prescrito la Ley General de Pesca y Acuicultura y el encubrimiento de irregularidades e ilegalidades cometidas principalmente por productores de moluscos en la Región de Los Lagos y por salmoneras en la Región de Aysén, así como por el abandono de funciones en las materias relativas a delitos ambientales.

Hernán Espinoza, Presidente del Comité de Defensa del Borde Costero de Puerto Montt y redactor del dossier acompañante de la denuncia presentada ante la CGR, explica el objetivo de esta y los motivos que impulsaron para tal acción a las organizaciones ligadas a la defensa del mar y de sus costas:

“Hemos esperado años… AÑOS… para que se resuelvan situaciones de ilegalidad que, incluso, son aberrantes y que hemos denunciado de manera reiterada ante los servicios públicos competentes, sin que estos cumplan con las funciones que les están prescritas en las normas ambientales y acuícola- pesqueras vigentes. Desde 2017 que estamos denunciando ocupaciones ilegales de superficie de mar en Calbuco por parte de la miticultura, así como ocupaciones ilegales de su borde costero por parte de empresas principalmente ligadas a la Industria Salmonera, pero las irregularidades siguen ahí, bajo protección a veces explícita de los servicios públicos que tienen por función EVITARLAS Y SANCIONARLAS y no ENCUBRIRLAS, que es lo que creemos haber demostrado en el dossier con que acompañamos nuestra solicitud de Auditoría”.

“A nuestro parecer, hay una colusión de los servicios públicos para proteger los intereses tanto de la Miticultura como de la Salmonicultura, pues basta hacer una consulta a uno de ellos sobre un caso en particular para encontrarnos, de un día para otro, con un permiso otorgado al infractor, una resolución repentina que les permite seguir operando o producciones que no han tenido en 10 años”.

“El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) por ejemplo, acaba de publicar un listado de más de 300 centros de producción de moluscos ubicados en la Región de Los Lagos que, en el plazo de un año, deben entregar Informes Ambientales (INFAs) para dar cuenta del estado ambiental del sector que intervienen. Ello ocurrió justo DESPUÉS de que comenzáramos a solicitar tales INFAs de centros de producción de “choritos” que hace 10 años no han reportado posibles efectos ambientales de sus actividades”. La miticultura debe entregar esos INFAs de manera OBLIGATORIA cada tres años como máximo”.

Sin embargo, SERNAPESCA no está entre los servicios públicos que se pide investigar pues, según Espinoza, ya ha sido protagonista de otras cinco Auditoría de la CGR donde se demuestra que es un organismo que ha sido funcional a la destrucción del ambiente acuático por la actividad acuícola que se desarrolla en el Mar Austral:

“Mientras estuvo como Directora Nacional de SERNAPESCA, Alicia Gallardo, actual Subsecretaria de Pesca, fue la ‘regalona’ de la Contraloría, que debió ordenar sumarios en 2016 tras las auditorías de la CGR donde se verificaron todas las ineptitudes, arbitrariedades e irregularidades que en materias de acuicultura cometía el Servicio que ella dirigía. Esos sumarios ordenados en 2016 aún no terminan y mientras tanto, se sumaron más Auditorías de la CGR con resultados desfavorables para SERNAPESCA. Alicia Gallardo se fue a SUBPESCA dejando atrás sumarios pendientes y ahora, como Subsecretaria de Pesca, descubrió que la “Ley Longueira” no es corrupta, sino patriarcal (…)”, ironiza Espinoza.

“No incluimos a SERNAPESCA como objetivo solicitado de auditoría, pero inevitablemente estará protagonizando, otra vez, una investigación de la CGR. También excluimos a la Superintendencia del Medioambiente de Aysén, pues con el generoso aporte de estos dos deficientes servicios, el dossier original acumulaba sobre las 200 páginas y estimamos que eso afectaría la celeridad que necesitamos para el desarrollo y resultados de la investigación solicitada”, señala Espinoza.

Aunque la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SS FFAA) ya fue reconvenida por la CGR en una Auditoría anterior a los servicios públicos comprometidos con la regulación y fiscalización de la actividad acuícola, ahora la solicitud de investigación de las organizaciones ligadas al mar y su borde costero apuntan directamente a ella.

Según Espinoza, no sólo se trata de la tardanza injustificada en resolver solicitudes de caducidad de concesiones acuícolas que se han presentado ante la SS FFAA, sino también por casos “aberrantes” en que, a pesar de la evidencia presentada, la SS FFAA no ha procedido a cursar la debida caducidad, sino que ha encubierto esas causales para mantener vigente tales concesiones.

Es el caso de una concesión acuícola, otorgada a MOWI (Ex Marine Harvest) para cultivo de salmones en Bahía San José de Calbuco, que es ocupada como “centro de acopio” temporal de salmónidos para abastecer a la planta de matanza de la misma empresa, ubicada frente a la concesión acuícola en comento. Un centro de acopio requiere de una concesión MARÍTIMA para su funcionamiento, como lo explica Espinoza:

“En agosto de 1992 se le otorgó una concesión acuícola de 0,8 hectáreas de superficie a la entonces Marine Harvest, que debía operar el centro identificado con el Registro Nacional de Acuicultura (RNA) 100167 para engorda de salmónidos en Punta Caicaén, al sur de la Bahía San José. Le demostramos a la Gobernación Marítima de Puerto Montt que esta concesión acuícola estaba siendo usada por Marine Harvest y luego por MOWI, para un objeto distinto al amparado por el decreto de otorgamiento y que en lugar de cultivo de salmones, había un centro de acopio y bombas para sacar los salmones de las naves de transporte de peces vivos (wellboats) en una irregularidad que es causal de caducidad de la concesión y que se extendía, al menos, desde el año 2011. Es decir, se usaba una concesión acuícola como concesión marítima.

La Gobernación Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de Calbuco, verificó TRES VECES nuestra denuncia e incluso fotografió bombas y yomas (tubería de extracción) instaladas dentro de la concesión”, acusa Espinoza. Tales instalaciones se muestran en las Figuras siguientes, incluidas en el dossier entregado a la CGR.

“En febrero de 2029, el Comité “Calbuco Emergente” solicitó a la SS FFAA que se procediera a caducar la concesión de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 142° de la Ley de Pesca pero el año 2021, cuando se solicitó información a la SS FFAA respecto al estado de esta y otras solicitudes, la SS FFAA informó que, mediante la Resolución Exenta 917/2021, se había otorgado a la empresa UNA PRÓRROGA PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL CENTRO RNA 100167.

Cuáles actividades productivas?.

Y más aún, esta ´prórroga´ se entregó tras una solicitud ingresada por la empresa infractora EN JUNIO DE 2019, es decir, CUATRO MESES DESPUÉS DE QUE CALBUCO EMERGENTE INGRESARA LA SOLICITUD DE CADUCIDAD. Si eso no es encubrimiento, entonces no sé cómo llamarlo”.

La situación de protección a actividades dañinas para el medioambiente que se observan en la Bahía San José permitiría demostrar, en un pequeño sector, en qué se basa el “éxito” de las Industrias Salmonera y de Miticultura en las regiones australes del país, según Espinoza:

“El negocio de producir salmones y mitílidos en un mar contaminado precisamente por las salmoneras requiere, precisamente, de este tipo de corrupción. Ya no basta con repartir sobornos entre Juntas de Vecinos y Comunidades Indígenas, ya no basta con financiar campañas políticas para efectuar tráfico de influencias o transformar a la pesca artesanal en “semaneros” que hacen el aseo en los basurales que levanta la Industria, sino que se ha intervenido directamente en el aparato estatal para mantener a un corrupto en su cargo y obtener su protección”.

Ejemplifica esto con el caso de Bahía San José, donde se encuentra la concesión acuícola que MOWI no usa para cultivar salmones:

“En Bahía San José, donde vinimos a colaborar con Calbuco Emergente por 6 meses y llevamos más de dos años descubriendo y denunciando irregularidades, existe una planta de procesos de salmones que en tres Declaraciones de Impacto Ambiental fue ubicada EN EL MEDIO DEL MAR, a 750 metros al sur de donde efectivamente se ubica.

Existe un Muelle Flotante que se hundió (con su “tecnología de punta” y varias toneladas de alimentos con antibióticos para salmones) en octubre de 2020 y que NO TIENE CONCESIÓN MARÍTIMA VIGENTE PARA OPERAR”.

“Hay yomas y emisarios que se ubican en el borde costero y que TAMPOCO CUENTAN CON CONCESIÓN MARÍTIMA VIGENTE PARA OPERAR, además de centros de acopio SIN CONCESIÓN MARÍTIMA PARA OPERAR Y QUE USAN INFRAESTRUCTURA NO AUTORIZADA. Hay centros de producción de mitílidos ilegales que sobrepasan los límites de las Áreas Aptas para la Acuicultura y ocupan más superficie que la autorizada y por la que pagan una patente acuícola, además de un centro salmonero fantasma de CAMANCHACA, que aparece y desaparece cada cierto tiempo para evitar la caducidad de la concesión que no ocupa…”

“Eso se repite en toda la Comuna, a vista y paciencia de Alcalde y Concejales, de Juntas de Vecinos, de ONGs, de “colectivos defensores de humedales” y de Comunidades Indígenas. Por lejos, Calbuco es la Capital del Estado Salmonero y del Estado Choro”, señala Espinoza.

Respecto de la Superintendencia del Medioambiente Regional, el Vicepresidente del Comité “Calbuco Emergente”, Guido Soto, entrega su opinión también crítica:

“Entre “Calbuco Emergente” y el Comité de Puerto Montt, hemos superado el centenar de denuncias ingresadas a la SMA- Los Lagos por incumplimientos a las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCAs) y casos de “elusión” al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que hemos detectado en nuestra Región. Ha sido un enorme trabajo que se ha acumulado en las oficinas de la SMA- Los Lagos. Todo lo que se ha relatado respecto de la Bahía San José de Calbuco, por ejemplo, ha sido denunciado ante la SMA- Los Lagos. Y allí están los casos: todos activos, ninguno sancionado. El ÚNICO resultado que hemos conseguido, hasta ahora, es el rechazo a nuestra denuncia contra MOWI en 2018, por la fuga de 700 mil salmones de un centro que usaba balsas-jaulas no autorizadas en la RCA.

Pero el centro fue sancionado precisamente por eso, porque esas balsas-jaulas no-autorizadas SE ROMPIERON”.

La displicencia en la labor de la SMA- Los Lagos se repite en Aysén, agrega Espinoza:

“La pesca artesanal de Puerto Aguirre, a diferencia de la que al parecer existe en la Región de Los Lagos, realiza sus propias fiscalizaciones y nosotros colaboramos con ellos en la preparación de sus denuncias, que ya suman otro centenar acumulado en las oficinas de la SMA- Aysén, con los mismos resultados que el obtenido en Los Lagos: NINGUNO. La única diferencia entre ambos servicios dependientes del Ministerio del Medioambiente es que uno de ellos tiene sede en Puerto Montt y el otro tiene sede en Aysén, pero funcionan de la misma manera: no funcionan si las denuncias son de organizaciones ciudadanas, sin mucha tribuna en la prensa”. Y agrega:

“A mediados de 2020, los salmoneros, como demostración de lo “sustentables” que son, lanzaron una campaña de limpieza de playas que ellos mismos ensucian con sus desperdicios plásticos y que, desgraciadamente para ellos, no se hunden como el resto de la basura que arrojan al mar. El Sindicato “Nuevo Amanecer” había entregado dos denuncias ante la SMA- Aysén con fotografías y posicionamiento satelital de sectores que estaban llenos de basura salmonera, en particular frente a las Islas Huichas, al weste de Canal Moraleda. Esos sectores aparecieron como “objetivos” en la campaña “sustentable” de los salmoneros… Curiosa coincidencia”.

Sin embargo, lo principal de la solicitud de Auditoría entregada a la CGR es, para Espinoza, que se investigue la falta de resolución respecto de las 200 solicitudes de caducidad de concesiones que han sido presentadas ante la SS FFAA, unas 150 de ellas de la Región de Aysén y presentadas entre 2019 y 2020.

“Personalmente, mi principal temor es que cada uno de esos casos sea encubierto por la SSFFAA y/o alguna de sus reparticiones dependientes, tal como ocurrió en el caso de MOWI en Calbuco. Existe un proceso de relocalizaciones de salmoneras que servirá para blanquear estas causales de caducidad y en donde se ubiquen, repetirán las mismas prácticas de siempre: violar la Ley porque eso es parte del negocio. Así de simple”.

Las solicitudes de caducidad presentadas por la Pesca Artesanal de Puerto Aguirre, en Aysén, afectan a centros de producción de salmones que mayoritariamente se ubican en Áreas Silvestres Protegidas del Estado, como la Reserva Nacional Las Güaitecas, el Santuario de la Naturaleza Estero Quitralco y los canales Puyuhuapi y Jacaf, aledaños al Parque Nacional Isla Magdalena, como aparece en el mapa siguiente:

Según Guido Soto, el trabajo que se realiza para limpiar el mar de fuentes de contaminación y de corrupción puede llegar a ser inútil si se materializa el proyecto de retiro de sedimentos orgánicos salmoneros recientemente aprobado en el Congreso Nacional, ya promulgado y publicado el 27 de enero recién pasado en el Diario Oficial:

“Estamos conscientes de que estamos lidiando contra la segunda producción mundial de salmones y la primera producción mundial de choritos y que estamos batallando con palos y piedras para impedir que estas actividades, reguladas por normas y Reglamentos que NADIE hace respetar, sigan destruyendo el Mar Austral, que es pieza fundamental para la Soberanía Alimentaria nacional. Quizás, también estamos enfrentando a la mayor corrupción mundial, entonces, que no sólo se manifiesta en los hechos relatados, sino en la aprobación de una Ley de Retiro de Sedimentos en los sitios operados por la acuicultura, es decir, para abrir, en medio del mar, las cloacas que salmoneros y miticultores han creado en casi 40 años de actividad. Al Congreso chileno no le importaron las opiniones en contra de esa acción, por los riesgos de un desastre irreversible que esta implica. Dicen que “Chile despertó”, pero cuando está frente al mar, Chile sigue dormido”.

El proyecto de retiro de sedimentos salmoneros fue patrocinado, principalmente, por el Diputado GABRIEL ASCENCIO, representante de Chiloé y RABINDRANATH QUINTEROS, Senador por la Región de Los Lagos y fue aprobado casi unánimemente en el Congreso Nacional.

Por Patagonia sin Represas…. Sin Salmoneras

Foto portada: Outdor Patagonia

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