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Fue durante el gobierno del presidente Federico Errázuriz Zañartu (1871-1876) que se realizaron las primeras reformas a la Constitución de 1833. Durante décadas los pipiolos (liberales) habían quedado excluidos del juego político y sufrido persecución y exilio. Los Conservadores, de la mano de Diego Portales, habían instaurado un régimen autoritario y represivo, donde las mismas poderosas familias de Santiago venían gobernando por 30 años con total impunidad. Errázuriz era un conservador pero que logró la presidencia con el apoyo de los Liberales y las reformas, que se llevaron a cabo entre 1873 y 1874, pretendían limitar las facultades del Ejecutivo por considerarlas excesivamente autoritarias.
La Constitución de 1833 contemplaba como atribución del Congreso la concesión al Presidente de la República de facultades extraordinarias, lo que podía implicar suspender las libertades individuales, de imprenta y de reunión. En caso de decretarse estado de sitio las personas podían ser encarceladas, relegadas o expatriadas, situación que se dio frecuentemente en el decenio de Manuel Montt y que sufrieron en carne propia muchos liberales, incluyendo Errázuriz. Estas mismas atribuciones son las que retomó Jaime Guzmán a partir de 1973 para devolverle al “Presidente Pinochet” todo este poder arbitrario y autoritario, pero adornado de un marco jurídico.
El año 2005, con todo un boato imperial y farandulero como tanto le gustaba, el presidente Lagos realiza una acotada reforma al legado constitucional de Guzmán, sin embargo, estas reformas eran el piso mínimo para que Chile pasara la prueba de la democracia. De una “Democracia Tutelada” pasamos a una “Democracia frágil y de poca densidad”, además estas reformas se lograron mediante negociaciones con la UDI (Pablo Longueira). En lo sustancial, implicó que el presidente recuperara su atribución de remover a los comandantes en Jefe, recordemos que Frei Ruiz-Tagle quiso remover a Rodolfo Stange de Carabineros pero éste se parapetó en el derecho que le daba la Constitución de 1980, y el presidente debió agachar cabeza ante la decisión del comandante de Carabineros. Pero lo más importante fue la eliminación de los senadores vitalicios y designados que eran un verdadero insulto a la voluntad popular, considerando además, que varios eran militares en retiro o ex funcionarios de la dictadura, y con ellos la derecha podía legislar como quisiera oponiéndose a todo cambio. La UDI solo se allanó a terminar con esta institución en vista de que ahora los senadores designados iban a ser personeros de la Concertación.
Por último, y para que no quede duda de que la derecha no consideraba que la de 2005 era la “Constitución de Lagos” vale la pena recordar lo que dijo al respecto Andrés Chadwick ese mismo:
“Por muy importantes que hayan sido las reformas que hemos compartido y consensuado, sigue siendo la Constitución de 1980. Se mantienen sus instituciones fundamentales, tal como salió de su matriz. Para que haya una nueva Constitución se requiere de un proceso constituyente originario, no de un proceso de reformas”
Luego de las reformas de 1874 nadie, ni el presidente Federico Errázuriz ni la oposición de la época llamó a aquella como la “Constitución de Errázuriz”, continuó siendo la Constitución portaliana de 1833. Tampoco conozco a ningún historiador o constitucionalista llamarla la “Nueva Constitución del s XIX”. Sin embargo, hoy veo al propio Ricardo Lagos y a su habitual séquito de aduladores de todo tipo llamar a las Reformas de 2005 como “La Constitución de Lagos”, incluso la propia UDI hoy le otorga una falsa paternidad tratando de ocultar a Jaime Guzmán en el clóset. Quisiera creer que los mensajes equivocados que entrega Lagos a la prensa respecto del próximo plebiscito se deben a la longeva edad del ex presidente y a una excesiva “chochera” a pesar de su escaso aporte en materia de reforma constitucional, pero conociendo todas las traiciones que ha cometido Lagos en contra del pueblo, no me extrañaría que termine siendo uno de los “Rostros del Rechazo” junto a Cristian Warnken y Javiera Parada.
Por Cristián Martínez Arriagada, Cientista Político
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