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A pocos días del Golpe de Estado de 1973, y cuando en La Moneda aún seguía brotando el fuego y humo del incendio, los militares comenzaron a contactarse con diferentes profesores de Derecho, principalmente de la Universidad Católica, para que comenzaran la tarea más importante que se impuso el nuevo gobierno: Redactar una nueva Constitución. Tal como señala Jaime Guzmán en varios escritos, la principal finalidad del Golpe de Estado no fue derrocar al gobierno de la UP, sino que borrar todo y partir desde una “página en blanco” la elaboración de una nueva Carta magna que representara y sirviera a los propósitos de la Contrarrevolución Conservadora encabezada por Pinochet. Desde el triunfo del Frente Popular en 1938, la derecha, y Guzmán en particular, estaban aterrados y creían que el país iba camino al caos, porque la Izquierda había demostrado que también era capaz de llegar al poder. Por eso, y en complicidad con los militares, había que crear un nuevo ordenamiento jurídico, un nuevo marco constitucional para “procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que haría uno”
A pesar de lo que se suele señalar, la Comisión Ortúzar no fue una comisión constituyente ni redactó la Constitución en su totalidad, sino que elaboró un anteproyecto que, posteriormente, presentó ante el Consejo de Estado (integrado por los ex presidentes Jorge Alessandri y Gabriel González Videla) y a la Junta de Gobierno para su revisión, antes de ser sometido al plebiscito fraudulento de 1980. Sin embargo, fue en esta “Comisión de Expertos” donde quedó establecido el espíritu de la Constitución que aún nos rige: El Estado subsidiario, la importancia del Mercado a la hora de suministrar bienes públicos, la impronta autoritaria y antidemocrática, y que las FFAA eran las “garantes de la institucionalidad”, además, la revisión por parte del Consejo de Estado fue un mero trámite, de hecho Guzmán le pasó una copia editada a Jorge Alessandri y otra (la definitiva) a Pinochet. Pero recordemos brevemente quiénes fueron estos “expertos” que actuaron como representantes de un falso Poder Constituyente mientras los militares luchaban contra el enemigo interno utilizando todo el poder el Estado para cometer violaciones a los DDHH.
La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile conocida como Comisión Ortúzar, fue establecido en 1973 por la Junta Militar y sesionó entre septiembre de 1973 y octubre de 1978. El nombre de “Comisión Ortúzar” se debe a su presidente, Enrique Ortúzar Escobar (ex ministro de Justicia y RREE de Jorge Alessandri). La integraron también Rafael Eyzaguirre Echeverría(secretario en la Comisión Ortúzar y luego Secretario del Senado entre 1990-1997), Jaime Guzmán Errázuriz, Alejandro Silva Bascuñán (militante de la DC y profesor de la PUC), Jorge Ovalle Quiroz (abogado, asesor desde 1973 del general Leigh), Alicia Romo Román (dirección nacional de Industria y Comercio 1974-1975, y futura rectora de la Universidad Gabriela Mitral), Enrique Evans de la Cuadra (profesor de derecho PUC, ex subsecretario de Frei Montalva), Sergio Diez Urzúa (posterior ex senador y presidente de RN), Gustavo Lorca (abogado, ex diputado del Partido Nacional). Si bien algunos eran académicos, la mayoría llegó ahí por contactos políticos y afinidades con la dictadura. Por eso, cuando hoy los políticos del Rechazo llaman a un Gran Acuerdo que concluya con una redacción a cargo de un Comité de Expertos hay recordar que los técnicos y expertos no son asépticos, que siempre actúan desde una ideología (el mejor ejemplo de aquello es Jaime Guzmán).
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Ahora, ante la proximidad del Plebiscito, han surgido voces exclamando que la Nueva Constitución debe rechazarse para así tener la posibilidad que el actual Congreso, o en su defecto un grupo de especialistas nombrados por ellos, escriba otro texto, una “verdadera Constitución que sea la Casa de Todos”. Lo que olvidan estos representantes del Statu Quo es que ellos no tienen el mandato para tomar una decisión de este tipo, ellos no son el Poder Constituyente Originario. Y esta compulsividad constitucional de último momento no solo denota desesperación, sino que también un alto nivel de improvisación, y le dan la razón al presidente cuando éste señala que “quienes están por el rechazo no tienen un plan para continuar con el proceso constituyente”.
Y en el hipotético caso de que triunfara la opción que ellos representan ya sabemos cómo funcionaría ese grupo de Expertos, porque Javier Macaya, el presidente de la UDI lo dejó bastante claro hace unos días: sería sin paridad de género, sin representantes de pueblos originarios y tampoco sin independientes, sino con personas (“Personas de Bien”) ligadas a partidos políticos, es decir, una Comisión Ortúzar 2.0
Por Cristián Martínez Arriagada, Cientista Político
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