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«¿Floja, yo? Flojos ellos que se refugian en sus apellidos, contactos y herencias familiares (…)». Aquella frase se vislumbraba en la pancarta de Francisca Mendoza, docente de filosofía, que yacía protestando un 19 de febrero del 2021 en el centro de Santiago, a raíz de los desafortunados dichos del -para aquel entonces- ministro de Economía, Lucas Palacio, quien había sostenido recientemente que «… llama tanto la atención que (las y los profesores afiliados a gremios) busquen por todas formas no trabajar y es un caso único en el mundo y yo diría que un caso de estudio».
Transcurridos largos minutos, Francisca seguía manifestándose pacíficamente, cuando un piquete de Carabineros se dirigió a agredir al grupo que la acompañaba. Tras intensos minutos de exceso policial, un efectivo de Carabinero propinó un disparo que impacta en el ojo izquierdo de la profesora. A raíz de lo anterior, la pedagoga terminó sufriendo un trauma ocular severo.
En octubre del mismo año, alrededor de cincuenta mil personas participaron en las paralizaciones de profesoras y profesores, cuyo objetivo fue manifestar el descontento popular frente al reciente veto presidencial del ex mandatario Sebastián Piñera al proyecto de ley de modificaciones al estatuto docente, el cual establecía una amplía gama de mejoras laborales a las y los trabajadores de dicho rubro.
A día de hoy, resulta inverosímil la postergación que han experimentado los sectores asociados al rol pedagógico en Chile. Por ende, es fundamental que el Estado atienda a las reivindicaciones que han expresado las y los docentes en las apabullantes convocatorias.
Un hecho en concreto que cristaliza la inoperancia del Estado en este asunto, corresponde a la deuda histórica con las y los profesores que mantiene el aparato estatal chileno a día de hoy. Aquello tiene su origen en plena dictadura militar, en donde se determinó el traspaso de la administración de escuelas públicas desde el Ministerio de Educación a las municipalidades; esto provocó que los nuevos empleadores desconocieran el reajuste salarial dispuesto en el decreto de ley N° 3.5511, extrapolándose en una baja en cuanto al sueldo de las y los profesores. A raíz de lo anterior, miles de maestras y maestros recurrieron a tribunales para exigir una indemnización compensatoria2.
Recientemente, el gobierno del presidente Gabriel Boric Font se comprometió en avanzar en la reparación de esta demanda histórica; es por ese motivo que el jefe de la cartera educativa, Marco Antonio Ávila, adelantó que buscarán presentar un proyecto de ley ante el Congreso cuyo propósito sea disipar la deuda del Estado. No obstante, esta determinación seguirá subordinaba a los intereses que respondan a la elite económica que sesiona en el parlamento; misma que ha rechazado, vetado y paralizado las proposiciones que apuntan hacia un avance en derechos sociales.
Por otro lado, el sistema aplicado por Chile ha sometido a las y los profesionales de la educación a múltiples y tediosos procesos. Ejemplo de ello, es la popularmente denominada “doble evaluación docente”, que agrupa a la Evaluación Docentey a la Carrera Docente. En ambos sistemas, pueden existir consecuencias que inmiscuyan de manera negativa en los salarios, e inclusive, puede repercutir en la remoción del cargo pedagógico. En ese contexto, el Colegio de Profesores ha denunciado constantemente que «… la duplicidad de sistemas evaluativos redunda en agobio laboral y distracción de tiempo, energía y recursos de los maestros en la preparación de los instrumentos evaluativos en vez del desarrollo de sus clases de aula»3.
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Además, se ha evidenciado el notorio agobio laboral que suscita el rol del profesorado en Chile. En conformidad a la ley 19.070 del estatuto docente, la jornada semanal de las maestras y maestros del sector particular subvencionado no debería exceder las 44 horas4; sin embargo, según un informe del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y de la ONG Elige Educar, se estima que estas y estos profesionales trabajan 11 horas no lectivas adicionales, las cuales no son remuneradas5.
Análogamente, a partir de la información entregada por la Dirección del Trabajo6, se estima que las y los trabajadores de la educación de enseñanza prebásica, básica y especial reciben un salario que oscila entre los $690.000 pesos chilenos, mientras que las y los que ejercen la pedagogía de educación media humanístico-científica y técnico-profesional adquieren una remuneración cercana a los $720.000 CLP. Para contrastar aquello, una maestra o maestro debería trabajar por alrededor de un año y un mes para equiparar el monto bruto que gana un senador o diputado en un único mes ($9.349.851 CLP).
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El rol del profesorado se constituye como un motor fundamental para las transformaciones sociales y culturales que la civilización del siglo XXI demanda. Las y los docentes se encargan no solo de formar las aristas académicas en el estudiantado, sino que, además, diariamente cimientan el futuro de las nuevas generaciones.
Por ende, los severos retrocesos en las materias que entrometen a las y los trabajadores de este rubro cristalizan a un aparato estatal ineficiente e incapaz de forjar los lazos sociales que Chile requiere. Dirimir la postergación que el Estado ha concretado en esta materia es fundamental para el avance de nuestra sociedad.
Por Tomás Pérez, estudiante secundario
Las luchas del profesorado siempre han tenido alguna respuesta por parte del estado, a través de soluciones “parches” o el garrote de la represión.
Notas.
