Ante los hechos conocidos recientemente por la opinión pública, queda claro que la conducta política de Sebastián Iglesias-Sichel ha sido de una sola línea, estar próximo al poder a toda costa, y para lograr ese propósito ha cambiado constantemente de domicilio político:
“es muy positivo que los eurodiputados estén asumiendo que no es posible negociar con un gobierno criminal y corrupto como el actual, que está bajo cuerdas por la acusación Constitucional”
Los «Pandora Papers» han dejado al descubierto a cientos de políticos corruptos, artistas, deportistas y otros privilegiados, que esconden sus fortunas en paraísos fiscales para no pagar su cuota de impuestos. Sebastián Piñera -diga lo que diga- es uno de ellos. Conocida la noticia de que la fiscalía investigará el caso, es de esperar que esta vez lo hagan sin privilegiar la impunidad.
He aquí un excelente resumen de la breve existencia de la Convención Constitucional. Bastarda en su origen, pudo transformarse en un camino apaciguado hacia el cambio. El autor muestra -exhaustivamente- que no es el caso. Y, curiosamente, llama a «evitar las disputas». ¿Venid y vamos todos con flores a María? El pueblo, la ciudadanía, fuente de toda legitimidad, sigue excluida, ausente. Pero, concluye el autor, «no vale pena arriesgar lo que tenemos en las manos» (sic). Un estimable comentarista, viendo los resultados del Plebiscito, ya había llamado «a ser generosos en la victoria». Uno piensa en la cita apócrifa de «Don Juan Tenorio», de José Zorrilla: «Los muertos que vos matáis gozan de buena salud». La costra política parasitaria sigue controlando el coso.
La institucionalidad legada por la dictadura, adoptada, perfeccionada y eternizada por la costra política parasitaria, hace pensar en un Laberinto del que es imposible salir. El engendro jurídico antidemocrático dispuso reglas tan complejas y enrevesadas que solo profesionales de la trampa, el truco y la pillería logran –no siempre– ejercer algunos derechos dizque democráticos.
Más de 300 organizaciones sociales nacionales y más de 20 organizaciones del exterior, solicitan que tribunal internacional inicie una investigación que permita enjuiciar y sancionar al Presidente Sebastián Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales, por crímenes de lesa humanidad cometidos de manera generalizada y sistemática desde Octubre de 2019.
Todo esto sucede ante un poder judicial inerte, cómplice, timorato, coptado por intereses políticos que ponen en duda la supuesta «independencia».
