Análisis Internacional

La sangrienta invasión yanqui a Panamá

La invasión estadounidense a Panamá en diciembre de 1989, mal denominada "Causa Justa", tuvo como propósito adueñarse del estratégico Canal interoceánico en vísperas de su transferencia soberana. La operación, condenada internacionalmente, dejó miles de muertos civiles, destrucción masiva y una profunda herida en la sociedad panameña. Una campaña de mentiras dirigida por los medios de comunicación estadounidenses y de la Burguesía local, marcaron el preludio.

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Por Acercándonos Ediciones

La invasión estadounidense a Panamá, fue uno de los episodios más desgarradores y traumáticos de toda la historia panameña; sólo comparada con los horrores de la conquista hispana, la Guerra de los Mil Días entre los conservadores y liberales a fines e inicios de los siglos XIX y XX y la matanza de estudiantes por policías y soldados estadounidenses acantonados en la zona del Canal de Panamá el 9 de enero de 1964.

La situación de asedio del país, fue el preámbulo para que el gobierno de los Estados Unidos montara una estrategia para cambiar de raíz el proceso político.

El gobierno norteamericano, preparó entonces el camino para derrocar a Noriega y desmantelar a las Fuerzas de Defensa. Para ello contó con el descontento de una parte de la sociedad y el apoyo de las agrupaciones y partidos políticos oligárquicos y de la alta burguesía. Fueron los grupos económicos dominantes quienes abanderaron las luchas civilistas en contra del gobierno.

Por sí solos estos grupos no tenían la credibilidad necesaria entre las masas para acabar con Noriega, pero una campaña bien dirigida por los medios de comunicación estadounidenses, la ayuda financiera que recibieron y el sectarismo de algunos elementos allegados al gobierno hizo que precipitadamente la oposición se fortaleciera y la estructura sólida de las Fuerzas de Defensa poco a poco se fuera resquebrajando.

Las actividades militares estadounidenses se intensificaron. Las constantes violaciones del espacio aéreo panameño no eran anunciadas a las autoridades del país, por lo que éstas no podían advertir a los norteamericanos sobre los peligros posibles en relación con la aeronavegación civil.

Los incidentes militares eran deliberadamente provocados, George H. W. Bush (padre), en una conferencia de prensa de mediados de mayo, instó a las Fuerzas de Defensa a destituir a Noriega. Y a mediados del mes de junio, fuerzas norteamericanas bloquearon el paso en una carretera de uso conjunto, a más de cien parlamentarios, dirigentes políticos y partidarios latinoamericanos. Para la segunda semana de agosto los incidentes iban en incremento. En esta oportunidad el ejército yanqui detuvo a 29 personas, entre las que se encontraban tres oficiales de las Fuerzas de Defensa, una autoridad civil y cinco periodistas.

Las razones dadas por George H. W. Bush para justificar la invasión fueron, proteger la vida de los ciudadanos norteamericanos que residían en Panamá, defender la democracia y los derechos humanos de los panameños, detener a Noriega para combatir el tráfico de drogas, y defender el tratado Torrijos-Carter sobre el canal.


El preludio

Ya no sólo aumentaban las provocaciones del ejército norteamericano, sino además la oposición civilista aumentaba sus manifestaciones y provocaciones con la inevitable represión militar. Todo esto exasperaba los ánimos de parte creando un clima de tensión. El fracaso de la asonada militar del 3 de octubre, apoyada sin mayor convicción por Estados Unidos, hacía prever que éste tomaría una decisión a corto plazo.

El 16 de noviembre la Asamblea de Corregimiento nombró al general Noriega como jefe de gobierno, con los poderes que un día tuvo el general Omar Torrijos. Se esperaba entonces que se desatara una operación comando sobre Noriega y su Estado Mayor, dejando desvertebradas las Fuerzas de Defensa.

El sábado 16 de diciembre un soldado norteamericano muere en un incidente con los miembros de las Fuerzas de Defensa y el día 19 George H. W. Bush declara ominosamente que revisa sus opciones (lo que en Panamá no se hizo público). Un policía panameño ya había sido herido de bala por un teniente del comando sur. La Alerta Delta, misma que se emite inmediatamente antes a la que significa combate, es trasmitida por la TV que opera en las bases militares yanquis. Panamá responde con la alerta Cutarra, su homóloga panameña.

La opinión pública norteamericana había sido lo suficiente moldeada para aprobar la invasión. El embajador de Panamá en Washington, había declarado que era el momento de las decisiones; había que actuar. Por su parte el director de la Cruzada Civilista en Miami, y dirigente democristiano, aclaraba que el caso escapaba a la posibilidad de los panameños para pasar a ser de importancia internacional.

En la revisión de sus opciones George H. W. Bush se decidió por la más sanguinaria, la que inevitablemente conducía al genocidio: la invasión y ocupación del territorio nacional.

Desarrollo de los hechos

No hubo ninguna declaración de guerra y la acción fue condenada por la Asamblea General de la ONU y por la Organización de Estados Americanos (OEA). La resistencia popular obligó a la prolongación de las operaciones militares, que fueron particularmente sangrientas.

La operación Causa Justa se inició la madrugada del 20 de diciembre de 1989, y tuvo como preámbulo un bombardeo masivo que implicó el lanzamiento de 417 bombas en el plazo de horas, según el control sismológico de la Universidad de Panamá. Hubo bombas de 1000 y 2000 libras, por lo cual se logró detectar como una especie de temblor de tierra con un grado de intensidad de 5 en la escala Ritchter.

La aguja del sismógrafo del instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, registró la explosión de la primera bomba a las 12 horas, 46 minutos y 40,3 segundos. Cuatro minutos después, las explosiones registradas ascendían a 68.

Trece horas estuvo funcionando el sismógrafo desde el inicio de la agresión hasta que, debido a la violencia de ésta, se hubo averiado. En todo ese tiempo, sólo en la capital panameña, llegaron a caer 422 bombas, lo que equivale a una por cada dos minutos.

Esta ofensiva comprendió el ataque de 27 objetivos al mismo tiempo en el país, incluyendo la base militar de Rio Hato a 75 kilómetros de la capital y a Colón, a una hora de distancia en bus de la ciudad de Panamá. El objetivo no era otro que el de anular la posible respuesta del ejército panameño; luego llegaría la invasión por parte de unos 26,000 soldados de infantería.

El bombardeo destruiría aeropuertos y bases militares como el Aeropuerto de Punta Paitilla, el Cuartel Central, en el barrio de El Chorrillo, el Cuartel de Tinajitas, el Cuartel de Panamá Viejo, el Cuartel de Los Pumas, la base militar de Río Hato (donde funcionaba el Instituto Militar Tomás Herrera, que no era en realidad una escuela de formación castrense) o la Base Naval de Coco Solo. El gobierno norteamericano utilizó un armamento de última generación, como los aviones Stealth F-117 o los helicópteros Apache, contra un ejército muy poco equipado. A pesar de la alta tecnología del armamento norteamericano, se produjeron numerosas muertes civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares. La maniobra duró pocos días ante la superioridad del ejército ocupante y la poca resistencia encontrada.

El barrio trabajador de San Miguelito, opuso tenaz resistencia al ocupante desde el inicio de la invasión, en otros puntos de la capital y el país los focos populares causaron bajas a los intervencionistas, que habían sido persuadidos por sus jefes de que sería un episodio de puro trámite donde los pobladores los recibirían con banderitas y flores. El asedio a las embajadas y organismos internacionales acreditados fue intenso para evitar que seguidores del gobierno depuesto o simplemente el pueblo recibieran refugio. Las sedes de Cuba, Nicaragua, Perú y Venezuela, entre otras, fueron hostigadas, colocados los famosos check point, que intentaban violar las más elementales normas del derecho internacional, que protegían a los funcionarios diplomáticos y sus familiares.

La aprehensión de Noriega, que era la causa de la invasión, no se cumplió, pero se logró el objetivo de destruir los cuarteles más importantes, reduciéndolos a cenizas con saña desproporcionada y sin precedentes. Este era el objetivo político-militar fundamental, eliminar totalmente el ejército panameño que se haría cargo de la vigilancia del canal, a partir del año 2000, ya que hasta el momento lo hacía parcialmente, en conjunto con las fuerzas armadas norteamericanas.

Noriega logró escapar y buscó asilo en la Nunciatura Apostólica; posteriormente se entregaría a las fuerzas de ocupación, siendo llevado a Estados Unidos y condenado a 40 años de prisión.

Armamento utilizado en la invasión

La invasión estadounidense a Panamá bajo el nombre de «Causa Justa», tuvo como pretexto sacar del poder al gobierno del general Manuel Antonio Noriega y preservar la vida de los norteamericanos en el país significó, según expertos, un ensayo para el modelo de guerra total, sin importar el alcance del experimento. Para muchos panameños la verdadera causa de la intervención fue que este general se había convertido en un “estorbo” para los planes políticos estadounidenses.

El interés estadounidense en Panamá siempre se ha enfocado hacia una cosa: la importancia estratégica del canal. Ha sido crucial para sus operaciones globales, como la penetración capitalista de Latinoamérica y Asia, y su capacidad de desplazar fuerzas militares agresivamente por todas partes del mundo.

Es bien sabido que el gobierno de Estados Unidos le arrebató Panamá a Colombia en 1903, colonizó la zona del canal y llenó esa área de bases militares para que nadie, ni siquiera el pueblo panameño, pudiera sacarlo; y después de la Segunda Guerra Mundial instaló SOUTHCOM, el centro de comando de espionaje y contrainsurgencia para todo Latinoamérica.

Ante la derrota en Vietnam y la rivalidad con la Unión Soviética, la clase dominante estadounidense decidió cambiar de un control colonial directo del canal a un control neocolonial, a través del gobierno panameño. Pero ya no tenía confianza de que Noriega pudiera seguir siendo el capataz. Apenas diez días antes del traspaso del canal (programado para el 1 de enero de 1990), Estados Unidos invadió y lo sacó.

Los estudios muestran que la administración del entonces presidente George H. W. Bush desplegó para la agresión unos 26 mil efectivos de unidades élite, entre ellas la 82 División Aerotransportada. Otros 12 mil hombres se encontraban apostados en la extensa red de bases que disponía Washington en territorio panameño, a fin de enfrentar a las Fuerzas de Defensa y los llamados Batallones de la Dignidad. Como complemento, Panamá sirvió de laboratorio para el empleo de armamentos sofisticados del tipo del bombardero “invisible” Stealth F-117, helicópteros del tipo Blackhawk, Apache y Cobra, además de misiles y cañones blindados de fuego rápido.

La mal llamada operación «Causa Justa», con una elevada cuota de víctimas civiles, evidenció que las acciones tuvieron un objetivo más amplio que el de actuar contra Noriega. Varios analistas sospechan que las verdaderas motivaciones del gobierno estadounidense eran distintas a las proclamadas. Fue manipulada para que apareciera como una gran victoria de la Casa Blanca sobre un peligroso enemigo. Incluso, la analista Jane Cramer consideró que esa acción se concibió y ejecutó por razones de política interna en Estados Unidos.

El Partido Alternativa Popular afirmó : “Se ha caído la máscara de supuesta liberación con que los medios de comunicación al servicio del imperialismo han querido cubrir la salvaje y cruenta agresión militar”.

El gobierno de Estados Unidos podría haber eliminado o secuestrado a Noriega, pero la invasión permitió a Bush (padre): “Estar las 24 horas del día en la televisión para demostrar que él era un hombre fuerte y decidido, que era capaz de tomar decisiones”, y de paso Estados Unidos se presentaba al mundo como la primera potencia tras la caída del Muro de Berlín.

Participaron en la invasión, bajo las órdenes del Comando Sur, la 7ma división de infantería procedente de Fort Ord (California), un batallón mecanizado de la 5ta división de infantería acantonada en Fort Polk (Loussiana), una brigada de la 82a División Aerotransportada de Fort Bragg (Carolina del Norte) y dos batallones Rangers.

El sofisticado armamento del ejército estadounidense utilizado en la invasión a Panamá incluyó los últimos adelantos tecnológicos alcanzados por ese país en el «arte de hacer la guerra», y que luego fueron usados masivamente en la guerra del Golfo Pérsico: Bombarderos Stealth F-117; Bombas de 2,000 libras; Misiles Hell Five; Helicópteros y lanzamisiles Blackhawk, Apache AH-64 y Cobra; Aviones de aslato A-37; Cañones de fuego rápido de 30 mm; Vehículos HMMWV (Hummer) con ametralladoras de alto calibre; Fusiles M-16 con mirilla infrarroja.

Diversos organismos como la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) consideraron que tal despliegue de capacidad bélica, muy superior al armamento de las Fuerzas de Defensa panameñas, no sólo era injustificado, sino que era violatorio de la Convención de Ginebra (Protocolo I, título III, sección I); la cual prohíbe expresamente el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios.

Consecuencias de la invasión

La invasión perpetrada por el ejército de Estados Unidos contra Panamá, el 20 de diciembre de 1989, fue un acto de extremada e injustificada violencia. Esta acción bélica, realizada contra una población completamente desprevenida, contó con los más sofisticados armamentos y con un elevado contingente de tropas.

Los bombardeos indiscriminados en los barrios más populosos provocaron un número indeterminado de muertos, presumiblemente varios miles, y cinco mil detenidos, sin hablar de 2 mil millones de dólares de pérdidas. El popular barrio El Chorrillo fue prácticamente destruido por los ataques estadounidenses, con un estimado de cuatro mil viviendas dañadas. Tras este acto, Manuel Antonio Noriega fue extraditado a Estados Unidos y Guillermo Endara (títere del imperio) juró como presidente en Fort Clayton, una de las bases militares norteamericanas implantadas sobre el canal.

En la invasión de Panamá fue asesinado el fotógrafo del diario español El País, Juantxo Rodríguez. Un soldado norteamericano le disparó cuando se disponía a hacer una instantánea. La administración del gobierno de los Estados Unidos sigue sin aceptar responsabilidad alguna y se niega a que los autores de los crímenes sean perseguidos judicialmente.

Muchos jóvenes delincuentes, siendo niños vivieron la barbarie de la intervención armada estadounidenses en sus barrios, casi como reflejo de la experiencia centroamericana que tras los acuerdos de paz; experimentaron la aparición de pandillas o bandas juveniles que incrementaron la violencia en el país con el uso de armas de guerra, crueldades y ejecuciones. Este tipo de prácticas y violencia extrema, son hijas de la guerra, la miseria y las heridas del pasado.

Además de la destrucción de la mayor parte de la estructura militar de las Fuerzas de Defensa de Panamá, el daño material a la economía panameña fue incalculable. El barrio de El Chorrillo fue destruido prácticamente en su totalidad. El saqueo en la Avenida Central y otras áreas produjo pérdidas millonarias. Aeropuertos, escuelas, edificios públicos y viviendas fueron destruidos o dañados. El país quedó en bancarrota y en los meses siguientes no se hizo esperar los despidos masivos de empleados públicos y trabajadores de empresas privadas.

En los días siguientes a la intervención, debido a la ausencia de policía y ante la pasividad de las tropas norteamericanas, se produjeron en varias ciudades saqueos y actos de vandalismo, aumentando las pérdidas materiales. El congreso norteamericano no compensó a Panamá por los daños causados. Por el contrario tiró un manto de olvido con la intención de borrar la tragedia de la invasión, dejando a las víctimas sin posibilidad de confrontar lo ocurrido y superar mediante la verdad sus traumas (pérdida de familiares, esposos, hijos, padres, abuelos, amigos, hogares, profesiones, negocios, relaciones sociales, forma de vida, sus barrios, su vecindad).

En términos políticos la invasión convirtió a Panamá en un país ocupado y sometido a la tutela yanqui. El gobierno de Estados Unidos hizo todo lo posible por minimizar los efectos de la invasión, presentando ésta como una causa justa para imponer la democracia. Sin embargo, en el ámbito mundial, cada vez más crecían las críticas a la intervención del ejército norteamericano en Panamá y el gobierno panameño era presentado como un gobierno títere.

El pueblo panameño, además, fue víctima de la manipulación más bochornosa y sistemática por parte de los grandes medios de comunicación y de todo el aparato ideológico estadounidense, nunca se podía determinar con certeza qué era una verdad y qué era una mentira. La oligarquía panameña mintió hasta la saciedad y se vendió al invasor sin el menor escrúpulo. Quienes ostentaban el poder, se vanagloriaban de su corrupción y de su capacidad de comprar conciencias; la prepotencia, la demagogia y el falso patriotismo se conjugaron para conducir a un pueblo hacia el calvario.

Muertos y desaparecidos

Esta negligencia del ejército norteamericano respecto a la población civil y sus bienes se manifestó con especial dramatismo en las cifras de muertos y heridos. Sin que se haya llegado a una estimación oficial respecto a este punto, los datos recabados por diversos organismos confirman el alto número de víctimas civiles producidas por la llamada operación Causa Justa. En esta intervención militar, como en tantas otras, los civiles fueron los más afectados y los verdugos señalan a las víctimas como culpables.

Algunas fuentes estiman que la sangrienta intervención dejó como resultado un saldo entre 3.000 y 5.000 muertos como consecuencia de los bombardeos de El Chorrillo, y que aproximadamente 20 mil personas perdieron sus hogares y nunca fueron compensadas.

La iglesia católica panameña ha estimado que en la invasión se produjeron 655 muertes por el lado panameño, de los cuales 314 eran militares y 341 eran civiles. Ellos estiman los heridos en 2.007, de los cuales tan sólo 124 eran militares panameños. Sin embargo, los datos recabados por el Instituto de Medicina Legal de Panamá registraron 255 muertos y 93 desaparecidos. De los desaparecidos, 39 corresponden a militares y el resto son civiles. Por su parte, el Comité Panameño de Derechos Humanos contabilizó 556 muertos y 93 desaparecidos. Otros organismos, como la Asociación de Familiares de los Caídos el 20 de diciembre de 1989, consideran que las víctimas deben ser alrededor de 4.000.

Muchos de los muertos fueron incinerados, sepultados en fosas comunes y probablemente en bases militares estadounidenses en Centroamérica, sin registros, sin controles, sin humanidad, sin una oración. Las víctimas de ésta ofensiva fueron denominadas por el gobierno estadounidense como «daños colaterales» para evitar que la opinión pública del país se volviera en su contra.

Años después de haber ocurrido este hecho trascendental de la historia latinoamericana, aún sus consecuencias son manifiestas en la sociedad panameña, sobre todo entre los miles de afectados por las heridas psicológicas y físicas de la guerra. La cifra real de los muertos tal vez nunca se llegue a saber mientras a nivel oficial y gubernamental no se realice una investigación al respecto.

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