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En 1975, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) de la dictadura chilena, en coordinación con los servicios institucionales del fascismo de Brasil, Argentina y el Cono Sur de Latinoamérica, ejecutó uno de los crímenes políticos más brutales de la ofensiva capitalista de la época.
Bajo las lecciones devenidas de la llamada Escuela Francesa en la guerra de esa potencia colonial contra la lucha independentista del pueblo de Argelia, militares y civiles de extrema derecha de Estados Unidos y de Sudamérica elaboraron la Doctrina de Seguridad Interior del Estado con el propósito de aniquilar cualquier tipo de disidencias políticas que amenazaran el régimen oligárquico establecido.
En ese marco, se aplicó una campaña mediática, judicial y militar para hacer desaparecer a 119 luchadores sociales y políticos de origen chileno.
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