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El martes 5 de mayo de 2020, la Comisión de Vivienda del Senado, poniéndose de espaldas a la ciudadanía, cediendo a la presión del gobierno, ha aprobado en general el proyecto de Ley de Integración Social y Urbana (Boletín 12288-14) y despachándolo para su discusión en Sala, durante la sesión realizada en la mañana de ese día.
Los/as dirigentes de las asociaciones de funcionarios/as de los Ministerios de Vivienda y de Bienes Nacionales, durante el transcurso del año pasado, se reunieron con diputados y senadores para manifestar su rechazo a esta iniciativa del gobierno por cuanto:
– Le da un poder omnímodo a la División de Desarrollo Urbano, DDU y SEREMIS de Vivienda para la Planificación territorial, relegando la participación ciudadana a un nivel puramente testimonial.
– Incorporan el concepto de “Poligonos de Integración Urbana” (PIUs) que serían establecidas por el Ministerio, previa consulta al municipio respectivo, donde no se define si esta consulta es de carácter vinculante o meramente simbólica. Esto supone una planificación a nivel nacional que se superpone a la planificación comunal e intercomunal, respecto del establecimiento de estas zonas. Dicho de otra manera, las PIUs, quedan al margen de los planos reguladores comunales, pudiendo crearse por esta vía externalidades negativas, afectando en la práctica el derecho de uso y goce de la propiedad, consagrado en la actual constitución, de los habitantes de las zonas aledañas e incluso llegando a afectar de manera grave su patrimonio.
CEFIRO EN INSTAGRAM– Además se establece la primacía de los beneficios de norma urbanística del plan regulador intercomunal, por sobre las normas generales del plan regulador comunal.
– Se faculta a los Servicios de Vivienda y Urbanización para concesionar el uso y goce de inmuebles, mediante licitación pública, el que se obliga a construir, operar y mantener viviendas u otras edificaciones, obteniendo como contraprestación el derecho a explotarlas comercialmente por un período determinado, bajo la condición de contemplar un porcentaje de viviendas destinadas a beneficiarios del subsidio de arriendo, sin que quede establecido un porcentaje mínimo para las familias más vulnerables a ser integradas. Es decir, se entregan terrenos fiscales para que empresas privadas construyan proyectos inmobiliarios destinados al arriendo de viviendas sin un porcentaje mínimo exigible para asignar a sectores vulnerables, que está en la nebulosa, las que serían pagadas con dineros fiscales, sin un retorno social satisfactorio.
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– Otro detalle, no menor, es que el proyecto pretende cambiar el nombre del “Ministerio de la Vivienda y Urbanismo” (MINVU), por “Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio”. Entendemos que tras esta medida, se esconde la intención de avanzar hacia la fusión de los ministerios MINVU y de Bienes Nacionales con el fin de someter a una autoridad única toda la administración de los terrenos y del patrimonio fiscal y por esta vía, abrir nuevas oportunidades de negocios a las empresas inmobiliarias, a contrapelo del interés público.
Por lo anteriormente expuesto, es que rechazamos la actitud de los cuatro senadores presentes en la Comisión: David Sandoval (UDI), Carmen Gloria Aravena (Independiente), Jorge Soria (PPD) y Juan Ignacio Latorre (RD), que de manera unánime aprobaron el proyecto mencionado, sin considerar los perjuicios que causarán a la ciudadanía, afectando la política urbana, sin contemplar la participación ciudadana ni sus intereses, sino solamente los de un pequeño sector de grandes empresarios. Un proyecto de ley, en consecuencia, inconveniente, antidemocrático y que solo beneficia a las empresas inmobiliarias que, como siempre, harán negocios a costa de los/as ciudadanos/as de a pie y el patrimonio fiscal.
Asimismo, rechazamos categóricamente el actuar del gobierno, que valiéndose de la crisis sanitaria causada por el COVID 19, pretende avanzar en su agenda neoliberal, a sabiendas que concita el más amplio rechazo de la ciudadanía, que desde octubre de 2019 ha venido manifestándose contra un modelo económico concentrador y depredador.
Por ultimo instamos a los senadores a rechazar este proyecto en sala. Les recordamos su condición de representantes populares y la obligación que esto conlleva. Estaremos vigilantes y esperamos que estén a la altura de su mandato. Esta vez no olvidaremos.
Enviado por : Asociaciones De Funcionarios Del Ministerio De Vivienda Y Urbanismo/ Foto Portada Ciper
